El conflicto generado
por la reforma educativa recientemente operada por las cúpulas políticas
derivó ayer en actos violentos cometidos por integrantes de la
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg)
y del Movimiento Popular Guerrerense contra las sedes partidistas del
PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano en Chilpancingo, así como
contra un edificio de la Secretaría de Educación estatal...
Tras los hechos referidos hay descontentos reales, cuyo factor
originario es el desgaste de las instancias institucionales de
representación y de mediación entre lo social y lo institucional,
desgaste que se hace más notorio conforme se agravan y ahondan los
efectos de la orientación económica vigente, para la cual resultan
irrelevantes y sacrificables los intereses y las necesidades de la base
de la pirámide social. Significativo de este desbordamiento
institucional es que, mientras las sedes locales de los tres partidos
que firmaron originalmente el Pacto por México eran atacadas por
integrantes del magisterio y de otros movimientos guerrerenses –como
expresión de su inconformidad ante la reforma educativa aprobada en el
contexto de ese arreglo cupular–, los presidentes nacionales de esos
mismos partidos escenificaban en la capital del país una reconciliación
que resultó tan súbita e inopinada como la crisis que enfrentó dicho
pacto en días recientes.
El desfase entre la élite política –empeñada en proyectar una imagen
de normalidad institucional– y la inconformidad social amplia y
creciente da cuenta, en suma, de la crisis de representatividad que
arrastran las instituciones del Estado y expone las severas limitaciones
de los partidos políticos para cumplir con su papel de incorporar los
distintos intereses, demandas e inconformidades que tienen lugar en el
país y de encauzarlos por las vías institucionales, pacíficas y legales.
Desde esta perspectiva, no hay lugar para reducir el conflicto
y los hechos referidos a la lógica de ruptura de la legalidad y
coerción oficial. Sin embargo, tras los sucesos de Chilpancingo, el
gobierno guerrerense pidió a la procuraduría local órdenes de
aprehensión contra los presuntos responsables, en tanto la coordinación
legislativa del PRI en la Cámara de Diputados llamó a emplear la fuerza
pública contra los descontentos.
Se requiere, en la circunstancia presente, que las partes
involucradas en este desencuentro mayúsculo exhiban visión política,
contención y disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones
pacíficas y legales.
Cuando fallan los mecanismos políticos –y en el caso de la reforma
educativa la falla es evidente– las salidas represivas tienden a agravar
los conflictos generados. Esto es particularmente cierto en el caso de
una entidad como Guerrero, donde los actos autoritarios han derivado
históricamente en la agudización y la extensión de los descontentos
sociales.
Por otra parte, acciones como las realizadas ayer en Chilpancingo por
el magisterio inconforme suelen resultar contraproducentes para las
reivindicaciones que las generan, en la medida en que aportan argumentos
a quienes propugnan la represión de las disidencias y la
criminalización de los movimientos sociales.
En suma, se requiere, es necesario que las partes involucradas en
este desencuentro preocupante exhiban visión política, contención y
disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones pacíficas y
legales.
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