AYOTZINAPA, EL PARTEAGUAS
Ing. Fernando Padilla Farfán
El asunto
de Ayotzinapa, sin lugar a dudas será el parte aguas que marcará una época en
el Mexico de hoy. La política, la administración pública y la sociedad, podrían
ser diferentes a partir de la línea divisoria entre el México de los rezagos y
el país de la evolución. La transición tendrá sus costos políticos, sociales y hasta económicos, mientras las
cosas se reacomodan.
Por el momento, el panorama está convulso,
nebuloso. A partir de los lamentables hechos en Ayotzinapa, la sociedad se está
moviendo en todas direcciones. Las tétricas sorpresas no paran ni se ciñen nada
mas a Guerreo. Las funestas noticias suben y bajan, van y vienen provocando verdadera catarsis
social, y, por supuesto, sobran los que del río revuelto están acarreando agua
para su molino. La arenga pública está presentando pliegues y curvas. Por
ejemplo, de los Abarca ya nadie se acuerda a pesar que ante el escrutinio
publico fueron la parte filosa del
cuchillo. Sin embargo, hay algo que aún flota en el ambiente
ensombrecido de Iguala, Guerrero: ninguna autoridad ha dicho algo en relación a
quienes dieron la orden a los estudiantes de aquella Normal, para que se
trasladaran a Iguala (según unos) o a la Ciudad de México y luego al norte del
País (según otros). Tampoco se ha precisado sobre el verdadero móvil del
desplazamiento de los jóvenes a Iguala o a otro lugar, considerando que algunos
de sus compañeros estaban apoderándose de otros autobuses para, presuntamente,
realizar un viaje de mayor distancia. Esta hipótesis motivaría a pensar que el
destino final no era ni siquiera Iguala, tampoco Chilpancingo, la capital; sino
otro lugar que, por las exigencias de combustible, pareciera que estaría a una
mucho mayor distancia.
Y siguen las interrogantes: Que un destacamento
militar cerca, que quienes iban al
frente de los normalistas no eran compañeros suyos, etcétera.
Se ha criticado la reacción tardía del gobierno
federal. La izquierda señala -con índice flamígero-, al Presidente de la República. La sociedad ha compartido esa idea, los
extremistas han sabido vender esa imagen. Lo que ha sido evidente es que
algunos colaboradores del Presidente Peña Nieto han asumido una cómoda postura
marginal y contemplatoria. No se ha visto que alguien esté aplicando una de las
principales fórmulas de la praxis política: Actuar a tiempo y con eficacia. Se
han visto lentos.
Sin embargo, hay varios aspectos que deben
analizarse con la frialdad de la razón.
El personaje principal de ésta historia es el ex gobernador de Guerrero,
Ángel Heladio Aguirre Rivero, pero como si se hubiese esfumado. Ya nadie se
acuerda de él. Lo mismo ocurre con el
matrimonio de los Abarca, que a pesar de que todo indica que ellos fueron los
autores de las peores atrocidades jamás vistas en México, sus protectores los sacaron de los escenarios
públicos y tampoco nadie se acuerda de ellos. Sus protectores supieron
manipular el preciso discurso para que la gente volteara hacia otro lado, fuera
de Guerrero. Lo peor de todo, es que la perorata está acompañada de hechos
violentos con los que ni siquiera los familiares de los jóvenes desaparecidos
están de acuerdo. Cualquiera sabe que esto lleva a los peores escenarios.
Tratar de desestabilizar al país no le conviene a
nadie, excepto a quienes le apuestan al caos total. No debemos olvidar que
compartimos frontera (3,000 kilómetros) con el País más poderoso del mundo, y
que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de defender sus intereses,
así fuera solicitando a la ONU la intervención de los cascos azules, con el
disfraz de ayuda y apoyo, pero que vendría a ser la parte menos deseada por
todos los mexicanos con espíritu nacionalista y patriótico. El control de daños
ahora ya es alto. Las manifestaciones están tomando un curso diferente al que
inexorablemente conduce el dolor humano y los deseos por detener de tajo, el
daño que se está haciendo a las familias mexicanas que sufren y padecen la
desaparición de sus miembros.
Escudriñando en éste asunto hay una cuestión que no
debe pasar desapercibida que vendría a ser la parte sustantiva de lo que está
ocurriendo con el tejido social, y que sumada a irresponsabilidad de algunas
autoridades, sería el detonante más letal que pueda sufrir cualquier país en el
mundo.
Desde hace una generación, las familias han entrado
en un creciente deterioro. La disolución familiar es tema recurrente en estos
tiempos. El concepto del matrimonio está a punto de desaparecer. El divorcio es
la moda de las parejas. El número de madres solteras es cada vez más alto, y la
educación de los hijos es delegada a los maestros de las escuelas donde
estudian los que estudian. Los valores están técnicamente extraviados. Los
hijos crecen con la irresponsabilidad de los padres a cuestas. Y si la política
se alimenta de lo social, pues a la vista están las consecuencias.
El derecho de manifestarse por motivos sensibles
para la gente son válidos y deben ser respetados por las autoridades en
general. El problema es que ya existe, por norma, la intromisión en todo tipo
de manifestaciones de intereses externos a través de extremistas que intentan
llevar las cosas pisoteando los derechos de terceros (que suman millones). Son
precisamente aquellos que instigan a la toma de carreteras, de casetas de peaje
con el beneficio directo del cobro por extorsión a los automovilistas, y que representan
cantidades millonarias que van a los bolsillos de quienes se auto erigen como
los ejecutores de la justicia. Por igual, se han visto afectados los
aeropuertos con la obligada cancelación de infinidad de vuelos; la banalización
de sedes partidistas y de oficinas de Congresos, palacios municipales y
cualquier otras instituciones que tengan que ver con los poderes.
La solidaridad para con el dolor de las familias de
los desaparecidos es incuestionable y está manifiesto en los ciudadanos. Pero
aprovechar las circunstancias para derrumbar un gobierno por vías anti
democráticas, es otra cosa.
La izquierda, campantemente deslindó su responsabilidad
del ex gobernador Guerrero y del ex alcalde de Iguala, ambos perredistas, y le
pasó la factura (completita) al gobierno federal que encabeza Enrique Peña
Nieto.
Los habitantes de las principales ciudades de la
República se sienten rehenes de los que enmascarados se mueven sin control por
doquier, desvirtuando el verdadero espíritu de las expresiones de impotencia
por lo ya comentado líneas arriba.
Por eso urgen acuerdos de profundidad entre los
tres niveles de gobierno y la sociedad civil. Es necesario que las principales
autoridades establezcan acuerdos de fondo, trascendentes y convincentes. Aún
estamos a tiempo.
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