De Proceso.com.mx
La noche del
26 de septiembre policías de Iguala y Cocula, obedeciendo órdenes del
alcalde igualteco, atacaron a los normalistas de Ayotzinapa, mataron a
tres y a otros 43 se los entregaron a Guerreros Unidos, grupo que
presuntamente los asesinó e incineró. Esa es la versión oficial. Pero
una investigación periodística, basada en documentos, audiovideos y
testimonios, cuenta otra historia: El ataque fue orquestado y ejecutado
por la Policía Federal, con la complicidad o franca colaboración del
Ejército.
Fuerzas federales participaron en el ataque
contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del pasado 26
de septiembre en Iguala, Guerrero, durante el cual murieron tres
normalistas y 43 fueron desaparecidos en una sucesión de hechos conocida
en tiempo real por el gobierno federal.
Un trabajo
realizado con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la
Universidad de California en Berkeley con base en testimonios,
audiovideos, informes inéditos y declaraciones judiciales muestra que la
Policía Federal (PF) participó activa y directamente en el atentado.
Aún
más, de acuerdo con la información obtenida por Proceso en la Normal de
Ayotzinapa, el ataque y desaparición de los estudiantes fue dirigido
específicamente a la estructura ideológica y de gobierno de la
institución, pues de los 43 desaparecidos uno formaba parte del Comité
de Lucha Estudiantil, máximo órgano de gobierno de la escuela, y 10 eran
“activistas políticos en formación” del Comité de Orientación Política e
Ideológica (COPI).
Hasta ahora la versión oficial es
que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó la agresión,
preocupado por la posibilidad de que los estudiantes interrumpieran el
informe de actividades de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa,
titular del DIF municipal.
Según esta versión, policías
municipales de Iguala y del vecino ayuntamiento de Cocula atacaron y
capturaron a los estudiantes, mientras Guerreros Unidos los asesinó y
quemó, con el desconocimiento de los agentes federales y los soldados
destacados en la zona. Sin embargo, los documentos y testimonios
obtenidos revelan una historia diferente.
Un informe
inédito del gobierno de Guerrero, fechado en octubre, entregado a la
Secretaría de Gobernación (Segob) hace más de un mes y obtenido por
Proceso en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre, señala que
desde su salida de las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa los
estudiantes eran monitoreados por agentes de las administraciones
estatal y federal.
El documento reporta que a las 17:59
horas el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de
Chilpancingo informó que los normalistas partían de Ayotzinapa rumbo a
Iguala. A las 20:00 horas la PF y la Policía Estatal llegaron a la
autopista federal Chilpancingo-Iguala, donde los estudiantes empezaban a
hacer una colecta. A las 21:22 horas el jefe de la base de la PF, Luis
Antonio Dorantes, fue informado de la entrada de los jóvenes a la
central camionera y a las 21:40 el C4 de Iguala reportó el primer
tiroteo.
El informe añade que desde el pasado 28 de
septiembre la Fiscalía General de Guerrero ordenó a la PF informar si
sus agentes participaron en los hechos del 26 de septiembre; pidió el
registro de entrada y salida del personal de su base de operaciones y
exigió el número de patrullas y el registro del armamento usado del 24
al 28 de septiembre.
De acuerdo con la averiguación
previa HID/SC/02/0993/2014, la PF no entregó esa documentación. El 4 de
octubre, ante la presión política el gobierno de Guerrero declinó su
competencia y desde entonces la administración de Enrique Peña Nieto
tiene el control de la investigación.
Los videos
Este
semanario pudo ver 12 videos grabados por los estudiantes con sus
teléfonos celulares durante el ataque. En uno de ellos las víctimas
identifican claramente la presencia de la PF. “¡Ya se están yendo los
policías… se quedan los federales y nos van a querer fastidiar!”, es la
advertencia de un estudiante que se escucha en una de las grabaciones.
En la historia reciente los normalistas de Ayotzinapa ya habían sido atacados por la PF.
El
11 de diciembre de 2011, durante una manifestación en la autopista
México-Acapulco los federales dispararon contra ellos y mataron a los
estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. El
expediente CNDH/1/2011/1/VG consigna que varios normalistas fueron
detenidos y golpeados por la Policía Ministerial de Guerrero y por la
PF.
Hasta ahora el gobierno de Peña Nieto ha ocultado
la información que tiene acerca de la participación de la PF y el
Ejército en los acontecimientos.
La tarjeta informativa
número 02370, firmada por el coordinador operativo de la región Norte
de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero,
José Adame Bautista, fechada el 26 de septiembre, afirma que a las 17:59
horas “reportaron vía telefónica desde el C4 Chilpancingo sobre la
salida de dos autobuses de la línea Estrella de Oro con números
económicos 1568 y 1531 con estudiantes de la escuela rural Ayotzinapa
con dirección a la ciudad de Iguala”.
La Normal Rural
Raúl Isidro Burgos está en el municipio de Tixtla, a una hora por
carretera de Chilpancingo y dos de Iguala. Se reportó a los tres niveles
de gobierno la salida de los estudiantes en tiempo real; esto indica
que había vigilancia sobre ellos antes del ataque.
La
tarjeta informativa de Adame agrega que los dos camiones llegaron a las
20:00 horas a la caseta de cobro número tres de Iguala. Un camión se
quedó ahí y el otro, frente al restaurante La Palma en la carretera
federal Iguala-Chilpancingo, a donde llegaron las policías Estatal y
Federal.
“Por lo antes narrado el suscrito (Adame
Bautista), con tres elementos más, se trasladó a la caseta en mención,
lugar donde se coordinó con personal de la Policía Federal sector
Caminos al mando del oficial Víctor Colmenares Campos con cinco
elementos más en tres unidades procediendo a monitorear las actividades
de dichos estudiantes”, señala el documento.
El informe
de la esposa de Abarca como presidenta del DIF municipal concluyó a las
ocho de la noche –dos horas antes de que los estudiantes entraran a la
ciudad–, según declaraciones judiciales de la averiguación previa
HID/SC/02/0993/2014 abierta por el gobierno guerrerense –de la cual se
tiene copia– y testimonios obtenidos por este semanario.
Omar
García, líder del COPI de Ayotzinapa, entrevistado por Proceso en las
instalaciones de la Normal, explica que este año a su escuela le tocó
“recolectar” 20 camiones para que ésta y otras normales rurales fueran a
la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. Antes de ir a Iguala
ya habían “capturado” ocho camiones e iban por más. Contra la versión
de la Procuraduría General de la República (PGR), afirma que no tenían
intención de protestar contra el alcalde o su esposa.
Sostiene
que en la carretera federal Iguala-Chilpancingo los normalistas tomaron
un autobús, pero el chofer no quiso bajar al pasaje y dijo que les
daría la unidad al llegar a la central. Pero cuando llegó a la estación,
encerró en el vehículo a 10 estudiantes, quienes llamaron a sus
compañeros para pedir ayuda.
Los refuerzos llegaron y
rompieron la puerta del camión para sacar a sus compañeros. “Se armó el
jaleo y llamaron a la policía”, apunta Omar. De la central tomaron otros
camiones. Dos se fueron hacia Periférico Sur y otros tres debían tomar
hacia Periférico Norte, pero equivocaron la ruta.
Testigos
afirman que cerca de las 22:00 horas vieron circular tres autobuses de
pasajeros por la calle Juan N. Álvarez y a la altura de la catedral los
estudiantes comenzaron a bajar. El chofer que manejaba el primer camión,
Hugo Benigno Castro, asentó en su declaración judicial que los jóvenes
bajaron para preguntar a la gente por la salida a Chilpancingo.
Se
escucharon entonces los primeros disparos y la gente corrió. El policía
municipal Raúl Cisneros declaró que tras ser informado de un posible
asalto acudió a la zona. Dijo que en el lugar forcejeó con dos
estudiantes que supuestamente lo quisieron desarmar, y su supervisor de
turno, Alejandro Temescalco, y él dispararon al aire. Ahí no hubo
heridos.
Los estudiantes ahuyentaron a las patrullas a pedradas. Los tres vehículos siguieron por la Juan N. Álvarez rumbo al Periférico.
Federales
El
ahora exsecretario de Seguridad Pública municipal de Iguala, Felipe
Flores Velázquez, en su declaración judicial el 27 de septiembre dijo
que a las 21:22 horas recibió un reporte telefónico de que los
estudiantes estaban tomando camiones. Aseguró que inmediatamente llamó a
Luis Antonio Dorantes, jefe de la base de la PF, quien le dijo que
estaría alerta.
“A las 21:30 horas los radioperadores
de la Policía Estatal del C4 Iguala y del Cuartel Regional me hacen del
conocimiento que las operadoras del servicio de emergencias 066 han
recibido llamadas telefónicas donde advierten que estudiantes de la
Normal Rural de Ayotzinapa están haciendo desmanes en las centrales de
autobuses Estrella Blanca y Estrella de Oro”, indicó Adame Bautista en
su tarjeta informativa.
Al mismo tiempo que la Policía
Estatal recibía el reporte, también lo recibieron la PF, el Ejército y
la Policía Municipal de Iguala, instancias a las cuales el C4 les
reporta. Desde ahí se controla la red de cámaras de vigilancia, algunas
de ellas instaladas en el centro de la ciudad. Pero aun cuando la
Fiscalía General del Estado pidió las imágenes, nunca le fueron
entregadas.
En el documento citado se afirma que a las
21:40 horas el C4 de Iguala recibió el reporte de “detonaciones de arma
de fuego”. Según Adame Bautista su policía no atendió la contingencia
por órdenes del subsecretario de Prevención y Operación de la Policial
Estatal, Juan José Gatica Martínez.
Natividad Elías
Moreno, operador de radio de la policía de Iguala y quien trabajaba en
el Palacio Municipal la noche del 26 de septiembre, explica en
entrevista que el C4 del municipio está conectado al Sistema Nacional de
Seguridad Pública, controlado por la Segob. Afirma categórico que todos
los reportes que llegan al C4 van simultáneamente a la PF, al Ejército y
a las instancias federales de seguridad.
El pasado 7
de noviembre el procurador general Jesús Murillo Karam afirmó que el
“operador de radio de la central de policía de Iguala, David Hernández
Cruz”, declaró que fue Abarca quien ordenó el ataque a los estudiantes.
De acuerdo con la copia obtenida por este semanario de la “orden de los
Servicios Operativos de Vigilancia, así como de los Servicios
Administrativos”, ningún empleado de dicha corporación tiene ese nombre.
Los
documentos obtenidos indican que desde el 28 de octubre la Segob y el
senador priista Omar Fayad –cabeza del grupo de trabajo encargado de
indagar lo ocurrido en Iguala– recibieron el informe pormenorizado del
gobierno de Guerrero.
El segundo ataque
El
segundo ataque tuvo lugar unas cuadras antes de llegar al Periférico de
Iguala. Las balas impactaron los vidrios de los vehículos, poncharon
las llantas y una patrulla municipal le cerró el paso a la caravana de
tres autobuses. En una acción coordinada y táctica los estudiantes
quedaron atrapados entre dos fuegos, sin posibilidad de escapar.
Algunos
estudiantes intentaron mover la patrulla municipal, pero les
dispararon. El normalista Cornelio Copeño dijo que ese fue el momento en
el cual su compañero Aldo Gutiérrez recibió el disparo en la cabeza.
Los
12 videos obtenidos captaron la agresión. En un audio sin imagen se
escuchan las ráfagas. En otro se ve a Aldo tirado al lado de una
patrulla agitando los brazos. Y en una grabación más se escucha que los
estudiantes reclaman a los policías por qué recogen los casquillos
percutidos.
El tercer autobús fue el más dañado.
Asientos y pasillos quedaron manchados de sangre, como se ve en las
fotografías tomadas por los estudiantes. Fue de ahí de donde se llevaron
a algunos de los 43 desaparecidos.
El estudiante
Francisco Trinidad Chalma declara que durante el segundo ataque
“policías municipales” bajaron a sus compañeros y en el costado
izquierdo del camión los tenían sometidos. “Eran como 17 o 18 y policías
eran alrededor de 60. Al parecer había compañeros heridos porque los
tuvieron un rato en el suelo”.
Otros testimonios de los
mismos estudiantes hablan de “patrullas municipales” y “más patrullas”,
y afirman que algunos atacantes estaban equipados con pecheras,
rodilleras, cascos, coderas y pasamontañas, y una patrulla traía un
soporte para ametralladora desde donde un uniformado los encañonó. Otros
agregan que los policías adoptaron posición de tiro. Se investigó que
la Policía Municipal de Iguala no usa ese equipo ni éste forma parte de
los objetos asegurados por la fiscalía.
“Pregunté
quiénes habían sido los que les habían disparado, manifestándome los
compañeros que habían estado en el lugar de los hechos que primeramente
fueron los policías municipales, quienes con un vehículo tipo patrulla
les obstaculizaron la circulación, y unos compañeros se bajaron a hacer
la patrulla a un lado para que los dejaran pasar, y que al momento de
que intentaron mover la patrulla (…) llegaron elementos de la Policía
Federal y ellos fueron los que dispararon en contra de mis compañeros,
hiriendo a varios de éstos, y resultó muerto uno de ellos, sin saber el
nombre de éste, por lo que los demás compañeros se bajan de los
autobuses y salen corriendo para protegerse de las balas de los
federales, por lo que se pusieron atrás de los autobuses y otros se
tiraron al piso, y que uno de los federales se puso a fumar un cigarro
en una esquina, y haciendo ademanes de que se arrimaran, ya de ahí los
federales empezaron a recoger los casquillos para no dejar evidencias de
los hechos”, declaró a la fiscalía el estudiante Luis Pérez Martínez.
Un
testigo entrevistado por Proceso señala que fue a ver qué pasaba.
Cuando llegó, la calle estaba cerrada por policías encapuchados, con
armas largas, uniformes oscuros y se fijó en el detalle de que no usaban
pantalones como los de los policías municipales. Uno de los videos
revisados por los reporteros demuestra que entre los atacantes sí había
agentes de la PF.
Se buscó en la Normal de Ayotzinapa a
los estudiantes que estuvieron durante los tres ataques ocurridos en la
calle Juan N. Álvarez, pero no fue posible localizarlos pues a la
mayoría de ellos sus padres los sacaron de la escuela poco después de
que los jóvenes declararon ante las autoridades, la mañana del 27 de
septiembre, a las cuales, por temor, les dieron nombres falsos.
Vidulfo
Rosales, abogado de los normalistas y de los padres de los
desaparecidos, dice a Proceso que tras el ataque hubo confusión y miedo,
pero que desde un inicio los estudiantes declararon que la PF participo
en el ataque. En los últimos días de noviembre los jóvenes ampliaron
sus declaraciones ante la PGR para dar más detalles de la participación
en los hechos de la PF y el Ejército.
Municipales y Ejército
La
base de la policía de Iguala está en el número 109 de Rayón, un
callejón. La PGR sostuvo que esa noche los 43 estudiantes fueron
trasladados ahí en patrullas y después fueron entregados a Guerreros
Unidos.
La base tiene una sola entrada y por su portón
no caben las camionetas con roll bar que usa la Policía Municipal. Esto
se verificó pues la PF, que ahora resguarda esas instalaciones, usa el
mismo tipo de unidades y éstas no pueden pasar. Los detenidos son
bajados en la calle y entran caminando.
Por dentro las
oficinas de una sola planta forman una especie de escuadra y todas
tienen vista a un patio abierto con forma triangular al cual también
tienen vista las casas aledañas. Los vecinos afirman a este semanario no
haber visto ni escuchado nada fuera de lo común esa noche.
Ante
diputados federales, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos,
afirmó el 13 de noviembre que el 27 Batallón de Infantería supo del
ataque dos horas después de ocurrido. Pero según esta investigación, los
militares sí fueron informados a través del C4 y comandos del batallón
estaban en la zona cuando todo pasó.
Luego del segundo
ataque, entre las 23:00 y las 24:00 horas, un capitán del que sólo se
conoce el apellido, Crespo, del 27 Batallón de Infantería, llegó a la
base de la Policía Municipal de Iguala junto con otros 12 militares.
Crespo
habló con el juez de barandilla Ulises Bernabé García y con el pretexto
de buscar “una motoneta blanca” se metió a inspeccionar las celdas,
oficinas y el patio. Testigos de la visita del capitán dijeron que
después de que se supo de la desaparición de los estudiantes, les
pareció más sospechosa.
El 21 de noviembre Bernabé
García fue citado a declarar por primera vez por una autoridad desde que
ocurrieron los hechos. Dijo a la PGR lo ocurrido con el capitán Crespo y
afirmó que los estudiantes de Ayotzinapa nunca fueron llevados a la
base de la Policía Municipal.
El 30 de octubre a las
afueras de Iguala fue colocada una manta dirigida a Peña Nieto
supuestamente firmada por un narcotraficante apodado El Gil. En ésta se
responsabilizó de la muerte y desaparición de los estudiantes de
Ayotzinapa, entre otros, al “capitán Crespo”, a quien se acusó de
trabajar para el crimen organizado.
A las 23:00 horas
Omar García y otros estudiantes de Ayotzinapa llegaron a Iguala luego de
recibir llamadas de auxilio de sus compañeros. Hubo una hora sin
disparos y ya no se veía a ningún policía. Los normalistas llamaron a la
prensa y mientras daban una conferencia en la esquina del Periférico y
Juan N. Álvarez, un comando abrió fuego contra ellos a distancia. Cuando
echaron a correr hubo varios heridos y dos estudiantes cayeron muertos:
Daniel Solís y Yosivani Guerrero.
El cuerpo de Julio
César Mondragón, el tercer estudiante asesinado, apareció al día
siguiente en las inmediaciones del C4 con el rostro desollado y con un
globo ocular desprendido. No tenía ningún disparo y según la necropsia
murió por fractura de cráneo.
García dice a este
semanario que quienes dispararon era gente entrenada: “Es obvio que era
gente muy capacitada; he sido testigo de muchas balaceras en muchos
lugares”, afirma.
“El Ejército llegó rápidamente.
Entró. Cortaron cartucho a modo de que iban, no sé, contra delincuentes,
nos acusó de que estábamos allanando morada, que nos iban a llevar a
todos, pues que éramos delincuentes”. Señala que los obligaron a
quitarse la camisa, revisaron si traían armas, les tomaron fotografías y
les pidieron sus nombres reales.
“‘No quiero que me
den nombres falsos porque si me dan un nombre falso, nunca los van a
encontrar’. Eso lo dijo así, textualmente”, afirma Omar. “Nos estaban
insinuando que nos iban a desaparecer o que nos iban a tener en algún
lugar”.
Simultáneamente al tercer ataque hubo una
cuarta agresión contra uno de los camiones de normalistas que tomó hacia
Periférico Sur. De acuerdo con el informe de la Fiscalía de Guerrero,
el camión Estrella de Oro fue atacado en el tramo Iguala-Mezcala, tenía
vidrios rotos y llantas ponchadas. Se localizaron piedras, un suéter, un
pañuelo y ocho playeras, una de ellas con sangre y residuos de gas
lacrimógeno, el cual tampoco usa la policía de Iguala.
Tras
los hechos del 26 y 27 de septiembre, el jefe de la base de la PF en
Iguala, Luis Antonio Dorantes y el oficial Víctor Colmenares fueron
removidos de sus cargos, se informó a Proceso en la base policiaca.
Se
solicitó a la PGR y a la Segob un comentario sobre la participación de
la Policía Federal y el Ejército en el ataque a los normalistas. En
nombre de la procuraduría, un funcionario aceptó fijar una postura
“institucional” y exigió su anonimato personal.
Dijo
que el procurador Jesús Murillo Karam ya había señalado que “las
investigaciones continúan y que van a llegar hasta sus últimas
consecuencias”. La respuesta a las preguntas planteadas forma parte de
esa investigación, agregó la fuente, y “por tanto nada podemos decir”. l
2014-12-13 20:58:50 COMENTARIOS DESACTIVADOS
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