De Revolución 3.0
Pide Solalinde cese de Frontera Sur; llama a “no votar por el mismo gobierno en elecciones”
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(18 de abril, 2015).- El Viacrucis
migrante, que partió desde Ixtepec, Oaxaca, y recorrió 760 kilómetros,
llegó cerca de las 3 de la madrugada, el padre junto con decenas de
migrantes arribaron a bordo de cuatro autobuses a las inmediaciones del
deportivo Ajusco, ubicado en la delegación Coyocán escoltados por
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.
Tras su traslado a la Basílica de
Guadalupe, además de los indocumentados que fallecieron en tierras
mexicanas, el sacerdote Alejandro Solalinde exigió al gobierno federal
el cese del Programa Frontera Sur y la salida del Grupo Beta de los
operativos de seguridad e inteligencia implementados en la Frontera,
tras su llegada con la caravana de migrantes a la Ciudad de México.
Y reprochó que se ha implementado un
operativo contra un enemigo de Estado pero no resultó; denunció que ante
el intento de detener su paso en la caravana lesionaron a muchos
migrantes, por lo que interpondrán 138 quejas ante la Comisión Nacional
de Derechos Humanos y 30 denuncias penales ante el Ministerio Público en
contra de policías y elementos de migración.
“Los policías no estuvieron para
defender, fue para golpear a los migrantes en el pecho, además de que
con toda su fuerza les reventaron en los pies, hubo moretones y golpes,
pero finalmente las organizaciones y Dios, nos ayudaron a pasar”, señaló
el padre Solalinde.
Con él llegaron aproximadamente 250
migrantes provenientes de Cuba, Nicaragua, El Salvador, Honduras y
Guatemala, e integrantes de organizaciones civiles, de derechos humanos y
sociedad en general, Solalinde sostuvo que está abierto al diálogo pero
con las autoridades de la Secretaría de Gobernación, no con la policía y
no en un monólogo o en un acto para tomarse la foto, sino para que sus
demandas sean atendidas.
Agregando que los ciudadanos no deben
votar por el mismo gobierno en el próximo proceso electoral, ni hacer
sostenimiento del mismo sistema corrupto “que no tiene remedio y hagan
un voto de conciencia”.
La causa principal de esta movilización
es rechazar el Programa Frontera Sur y hacer conciencia en las
autoridades mexicanas por los constantes abusos que sufren los migrantes
por parte de los criminales cuando estos atraviesan la República con la
intención de llegar a la frontera norte.
Después de la misa, anunciaron que se
dirigían a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y anunciaron que
este domingo partirán de regreso a Ixtepec, en el estado de Oaxaca.
En julio pasado, Enrique Peña Nieto,
ante el Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, puso en marcha el
Programa Frontera Sur, que ha decir por él, tiene los propósitos de
proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que
ingresan y transitan por México, así como ordenar los cruces
internacionales para incrementar el desarrollo y la seguridad de la
región.
Enfatizando, “en México estamos
convencidos de que el fenómeno migratorio debe ser atendido desde una
perspectiva regional, corresponsable, y sobre todo humana; pero también
somos conscientes de que cada nación tiene que hacer su parte”.
El pasado 18 de agosto, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en la Ciudad de
México su informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en
el contexto de la movilidad humana en México”. En el documento se
expresó la preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad de
las personas migrantes en México, “una de las principales tragedias
humanitarias en la región”.
En tanto, la estrategia propuesta
recientemente por el gobierno en relación con la frontera sur, muestra
un contraste alarmante con las recomendaciones que hace la CIDH a
México.
En las 39 recomendaciones que realizó la
CIDH, destaca la urgencia de garantizar los derechos de migrantes como
víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. Frente a las
diversas formas de violencia que afectan a los migrantes (robos,
extorsiones, secuestros, trata, asesinatos, desapariciones, entre
otros), recalca la importancia de una política de seguridad ciudadana
para la población migrante y en el contexto de la movilidad humana.
Sobre la “Estrategia de Atención
Integral a la Frontera Sur” (Programa Frontera Sur) se cuestionó la poca
claridad de cómo el gobierno subsanará la corrupción en los distintos
niveles del mismo. Puntualizando que el enfoque de la colaboración
policial, si “ya hemos visto que el mayor despliegue de fuerzas
policiales y militares no disminuye la violencia”.
También se habló que la intensificación
de la colaboración entre autoridades migratorias y fuerzas de seguridad
es un error, si son instancias con problemas estructurales de corrupción
y falta de controles que requieren reformas de fondo.
“En este sentido, la estrategia para la
frontera sur parece ser un reflejo del doble discurso frente al fenómeno
migratorio que incluso la CIDH esperaba que ya se hubiera superado”,
afirmaron.
Diversas organizaciones han declarado
que se trata de una política reactiva que dice regirse por principios de
derechos humanos, mientras de facto prioriza el control y en la
práctica implementa prácticas persecutorias, con o sin ley en la mano.
Por su parte, Amnistía Internacional
reprobó al programa Frontera Sur como estrategia para proteger y
salvaguardar los derechos de los migrantes. El director de la oficina en
México de esta organización mundial, Perseo Quiroz, denunció que la
política migratoria en el país no tiene perspectiva de derechos humanos.
“La política migratoria mexicana es una
política que privilegia la seguridad nacional frente a otro concepto que
es la seguridad humana. No es una política que tenga perspectiva de
derechos humanos”, afirmó el director ejecutivo de AI México durante la
presentación del caso de Ángel Amílcar, activista hondureño detenido en
Nayarit .
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