Por: Lilia Arellano /
27 abril, 2015
Los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa ha
puesto a México bajo el escrutinio de la comunidad internacional. Como
lo señaló este fin de semana el subsecretario de Estado para asuntos de
Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, Tom
Malinowksi, tras la “masacre” de los normalistas de Ayotzinapa, “el
mundo entero” ha estado al tanto de lo que pasó en Iguala, “y otros
emblemáticos incidentes”, que involucran “a perfiles muy altos”, actos
que no son “adecuadamente investigados ni sancionados” y que deben
resolverse para mantener el Estado democrático.
A pesar de que en la administración
federal actual se tiene la certeza de que enfrentan un serio problema de
violación a los derechos humanos, de desapariciones, tortura,
corrupción y falta de rendición de cuentas, los pasos para resolverlos
no se están dando y todo parece indicar que prefieren mantener el actual
estado de cosas. Ante esa actitud, es difícil poner en práctica las
leyes que pretenden mejorar la defensa de los derechos humanos y
enfrentar crímenes como las desapariciones o la tortura, especialmente
cuando debe aplicarse en los tres niveles de gobierno.
Siete meses después del crimen de los 43
normalistas de Ayotzinapa, priva la impunidad y se acrecienta la
insatisfacción de los ciudadanos por este hecho. Este fin de semana,
cientos de personas recriminaron al gobierno la falta de resultados:
instalaron en uno de los camellones de Paseo de la Reforma una escultura
roja de metal de más de tres metros de altura donde se lee “+43”.
Demandan justicia y verdad y colocaron una “antimonumento” para recordar
que ese “crimen de Estado” sigue impune.
La estructura se colocó justo en el
cruce de Reforma y Bucareli, a fin de mostrar a los ciudadanos que
transiten por esta avenida que aún no hay verdad, justicia ni castigo a
los responsables, por lo que demandaron a las autoridades no retirarlo
hasta que aparezcan con vida los normalistas. Los padres de los
estudiantes desaparecidos destacaron que han transcurrido siete meses de
lucha para los familiares de las víctimas por conseguir la verdad y la
justicia, pero a la vez han sido siete meses de “coraje y mucho dolor”.
Melitón Ortega, uno de los padres de los
normalistas desaparecidos subrayó: “se trata de un crimen de Estado
cuyo principal responsable es Enrique Peña Nieto. La orden salió de ahí
(de Los Pinos); tenemos claro que no hay otro responsable de esa
agresión”. Por eso demandó una vez más a la Procuraduría General de la
República (PGR) atienda las recomendaciones del grupo interdisciplinario
de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que
se abran nuevas líneas de investigación sobre el caso y se analice la
presunta participación en los hechos del Ejército y del gobernador con
licencia Ángel Aguirre.
La comunidad nacional e internacional
continúan exigiendo: “¡¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!!”,
subrayó el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de
Vitoria, Miguel Concha Malo, quien demandó que la PGR atraiga el caso de
Julio César Mondragón – el normalista cuyo cuerpo apareció desollado
con signos de tortura-, pues hasta ahora las indagatorias recaen en las
autoridades de Guerrero.
Los manifestantes mantenían guardias
para evitar que las autoridades capitalinas o federales intentaran
retirar el “antimonumento”, el cual no se quitará hasta que los
normalistas sean presentados con vida. De lo contrario, es decir si
deciden eliminarlo, ya se sabrá hasta donde está comprometido el jefe de
gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera con el gobierno de Peña
Nieto.
A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
El abogado Netzaí Sandoval Ballesteros
sostiene que las masacres de Tlatlaya y Apatzingán, así como la
desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, abrirían la puerta para
que este año la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) “pueda
afirmar que en México se están cometiendo delitos de lesa humanidad y,
en su caso, crímenes de guerra”. Quien redactó una de las peticiones a
la Fiscalía de la CPI para que intervengan en México, afirma que esos
tres casos engrosaron el expediente presentado en noviembre de 2011 con
el apoyo de 23 mil firmas.
Ante el activismo de organizaciones
nacionales e internacionales de derechos humanos, el gobierno de Enrique
Peña Nieto intenta evitar la intervención de la Fiscalía de la Corte
Penal Internacional que encabeza Fatou Bensouda. No obstante, desde que
se presentó dicha petición, en 2011, el expediente se ha alimentado ante
el Tribunal Internacional para dar lugar a la intervención. El ex
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz
Mayagoitia, explica que en poco más de tres años, el expediente se ha
alimentado con declaraciones, testimonios de víctimas y documentos
obtenidos mediante solicitudes de información, “que acreditan lo que el
gobierno más o menos ha aceptado en los casos de Tlatlaya o de Iguala,
que hubo intervención de agentes del Estado, que por un lado ejecutaron y
por otro desaparecieron a los jóvenes. Ni media palabra de lo que
sostuvieron los diputados: “fue el Ejército”.
Sandoval Ballesteros explicó que la
petición de que se abra un “análisis preliminar sobre los crímenes que
se cometen en México como competencia de la Corte” se fundamenta en los
números y la frecuencia de los delitos de desapariciones forzadas,
tortura, desplazamientos forzosos y ataques a migrantes. La petición
pretende que, con base en el análisis preliminar de la fiscal de la CPI,
“se denuncie que en México hay crímenes de lesa humanidad y de guerra,
algo que no es aceptado por el Estado mexicano.
Por la continuidad que ha dado el
gobierno de Peña Nieto a la estrategia de combate al narcotráfico
seguida por Calderón, Sandoval advierte que uno de los objetivos de la
petición ante la CPI es la “modificación de la política militar en
contra del narco y sería esperanzador que organismos internacionales
intervengan para saber dónde estamos y poder rectificar las políticas
del Estado para solucionar la crisis humanitaria.
El abogado Sandoval Ballesteros espera
que este mismo año Fatou Bensouda, fiscal de la CPI , anuncie el inicio
del análisis preliminar para acreditar que en México se cometen crímenes
de guerra y de lesa humanidad.
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