De La Jornada
Se transgrede el artículo tercero: legisladores de oposición
Georgina Saldierna y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de junio de 2015, p. 7
Legisladores del Partido Revolucionario
Institucional respaldaron la decisión de suspender la evaluación de los
maestros. Resaltaron que no es una cancelación, sino un aplazamiento.
Mientras, la fracción del PAN en el Senado demandó la remoción del
secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, y el PRD secundó la
propuesta de citar a comparecer al funcionario.
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio
Beltrones, sostuvo que la evaluación educativa tendrá que ser un hecho
hoy, mañana y siempre, pues es una decisión que se inscribió en la
Constitución y en las leyes. ‘‘Una suspensión temporal no significa que
se cancele de manera definitiva. Estoy seguro que sin evaluación no
podremos garantizar la calidad de la educación’’, sostuvo.
Dijo que la medida anunciada el pasado viernes se inscribe en la
vocación del gobierno federal de hacer lo necesario para demostrar su
voluntad y que el próximo 7 de junio se celebren las elecciones en paz y
tranquilidad, como lo merecen los mexicanos. Resaltó que las
autoridades no han regateado esfuerzo alguno, ni han dejado de asistir a
las negociaciones que sean necesarias para que eso sea posible.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos en San Lázaro, Roberto López González (PRD) adujo
que la decisión tomada por el secretario Chuayffet ‘‘seguramente obedece
a alguna instrucción emitida por el Presidente de la República’’, pero
‘‘transgrede el artículo tercero de la Constitución, las leyes
secundarias correspondientes y los lineamientos para regular los
procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente’’.
En el Senado, el PRI también defendió la determinación de las
autoridades gubernamentales con el argumento de que no se está
cancelando la evaluación, sólo se está aplazando.
Para el panista Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión
de Educación, la suspensión de la evaluación es una medida equivocada,
ilegal y muestra carencia de oficio, además de que afecta a 400 mil
personas, expuso que el gobierno federal sucumbió a la presión de grupos
que promueven una contrarreforma educativa.
En entrevista, resaltó que la Secretaría de Educación Pública no ha
explicado las causas que motivaron la decisión, por lo que propondrá hoy
en la sesión de la Comisión Permanente la comparecencia de las partes
involucradas en el tema, como son los secretarios de Educación
(Chuayffet) y de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong), así como la
consejera presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa
(INEE, Sylvia Irene Schmelkes del Valle).
Miguel Barbosa, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática en el Senado, y su correligionario, el senador
Armando Ríos Pitter, secundaron el planteamiento para que comparezca
Chuayffet. Manifestaron que la suspensión revela una negociación del
gobierno federal con la disidencia magisterial.
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