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Ayer por la noche, el alcalde de Xalapa pudo haber tomado la peor
decisión política de su administración; una decisión que ni la propia
Elizabeth Morales se atrevió a impulsar durante su polémico gobierno: la
autorización municipal para la construcción de un sistema de gas
natural (gasoducto) que cruzará por las principales arterias de la
ciudad.
El proyecto no es nuevo, como tampoco nueva es su
resistencia. Ya en 2013, el entonces presidente municipal Ricardo Ahued
se había opuesto al enterarse de su trazo: iniciaría en el municipio de
Emiliano Zapata, pasando por la carretera Veracruz-Xalapa, Lázaro
Cárdenas y cambiaría de ruta hacia la avenida 20 de Noviembre. El
gasoducto volvería a desviarse a la izquierda en Circuito Presidentes,
para así seguir por toda la carretera Xalapa-Coatepec hasta la zona de
la Orduña, donde se encuentra la planta industrial de la Nestlé.
La
solicitud había sido presentada ante el Ayuntamiento de Xalapa por la
empresa Gas Natural del Noreste ese mismo año, pero fue rechazada por
improcedente, debido al cambio uso de suelo de varias zonas
habitacionales y por el riesgo que representaba para la población.
Mediante el dictamen elaborado por la Dirección de Desarrollo Urbano,
con el número DDU/SP/036/2013, la autoridad municipal señaló lo
siguiente:
“El trayecto en el que pretende la empresa llevar a
cabo la instalación se encuentra situado en su mayor parte dentro de las
zonas habitacionales, comerciales, educativas y de servicios del
municipio de Xalapa, zona en la que se considera prohibida dicha
instalación, lo antes mencionado con fundamento en los artículos 62, 64
fracción I y 65 II y III del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano
Numero 241 de Desarrollo Urbano Ordenamiento Territorial y Vivienda para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.
Anoche, mediante
una decisión absurda y autoritaria, el cabildo xalapeño decidió
convertir a las calles y avenidas de Xalapa en una zona industrial con
el riesgo que ello representa. No se consultó a nadie, ni se informó a
nadie; los xalapeños amanecerán este jueves con la noticia de que el
gasoducto es un hecho. De la resistencia social, en medio de un proceso
electoral, no hay ni que adivinar lo que se le viene al gobierno
municipal.
Hace algunos años, en una furtiva incursión por la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) me tocó
participar en la elaboración de un protocolo para la realización de una
consulta pública en el municipio de Juchitán, con el propósito de
aprobar la creación de un parque eólico en esa región caracterizada por
la fuerza del viento.
El proyecto consistía en la instalación de
los generadores –esa especie de gigantescos ventiladores- en áreas
despobladas, la mayor parte de ellas, dedicadas a la agricultura y al
pastoreo; había una gran resistencia, argumentando de las implicaciones a
la salud que podría tener –algo que nunca se pudo probar
científicamente-, y que el ruido de las torres ahuyentaba la pesca en
esa región.
Bueno, pues resulta que se tuvo que realizar una
consulta pública donde intervinieron cualquier cantidad de autoridades
–Gobernación, las Secretarías de Energía, Relaciones Exteriores, Sagarpa
y la Sedatu, además de la CNDH, representantes del gobierno de Oaxaca, y
por supuesto, las autoridades municipales.
Se utilizaron
protocolos internacionales y se siguió un riguroso procedimiento para
autorizar el parque eólico. Todo esto por la sencilla razón de que se
tratada de un municipio con presencia de grupos indígenas. No sobra
decir que el procedimiento nos llevó más de un año.
En este
sentido, con un riesgo mucho mayor por tratarse de un gasoducto, en una
zona densamente poblada, sin una ventaja real y concreta para los
xalapeños que viven en las vías urbanas que serán afectadas, resulta que
en menos de diez minutos el Ayuntamiento de Xalapa resolvió aprobar un
proyecto sumamente riesgoso. Fuimos tratados como ciudadanos de tercera.
Es
cierto lo que ha dicho Américo Zúñiga. El Ayuntamiento no es la única
autoridad involucrada en la autorización del gasoducto. Pero entonces,
¿por qué citar a sesión de cabildo prácticamente a escondidas, por la
noche y en medio de una protesta social? ¿Realmente temen perder la
elección municipal y que el próximo munícipe diera marcha atrás al
proyecto? Será responsabilidad del siguiente gobierno municipal
administrar el conflicto que se ve venir cuando inicien las obras.
En
estas dos semanas, el PRI tendrá que pagar el costo político de tal
decisión; también la sombra del gasoducto acompañará a Américo a dónde
vaya políticamente. Sin duda, este proyecto podría ser el tiro de gracia
de un agonizante priismo en la capital del estado.
- Dicen los enterados, que la famosa “carpeta azul” que documenta la extensa lista de propiedades del gobernador Yunes es inexacta: no están incluidos todos los bienes adquiridos a través del vómito negro… que no son pocos (casas, ranchos, helicópteros, vehículos y otras linduras).
- Todos sabían que Mayuli Ortega es costarricense, menos los del Verde. Si pensaban postular una Tica en Tecolutla, por lo menos hubieran escogido a Maribel Guardia y seguro la ganan. ¡De veras que hay que ser brutos!
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