De Reporte Indigo
Eduardo Buendia
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, está decidido a hacer una limpia al interior del Poder Judicial de la Federación.
Durante las últimas semanas, el ministro expresó de manera pública la
necesidad de promover una evaluación sobre el actuar de los funcionarios que laboran en juzgados y tribunales, y combatir los actos de corrupción.
Esta postura reformista adoptada por Zaldívar tiene el objetivo de legitimar las determinaciones que se toman en el Poder Judicial, el menos vigilado de los tres que conforman la Federación.
El lunes, el ministro presidente recalcó que su apuesta es acabar con el nepotismo
ya revelado desde hace años en el sistema encargado de impartir
justicia en el país; agregó que es necesario que jueces y magistrados ya
no sean ajenos y carentes de empatía con la sociedad.
La propuesta de promover una evaluación sobre el actuar de los funcionarios que laboran en juzgados y tribunales tiene el objetivo de legitimar las determinaciones que se toman en el Poder Judicial
“En un país donde la gente nos observa a los jueces alejados, ajenos
al dolor de los ciudadanos, ajenos a los cambios sociales que requiere
nuestro país, me parece que los jueces no podemos
quedarnos estáticos y no podemos quedarnos encerrados y me parece que
los ministros no podemos seguir viviendo en una esfera de cristal a la
cual no puede acceder nadie”, mencionó Zaldívar en la inauguración del
XI Encuentro Universitario con el Poder Judicial.
Sin embargo, esta estrategia de erradicar los malos actos no es lo
único que debe preocuparle a Arturo Zaldívar, ya que inicia en un
complejo contexto por los cambios ocurridos en los últimos días en la
esfera judicial mexicana.
La reciente renuncia de Eduardo Medina Mora a la
Sala Superior de la Corte, por supuestas presiones emitidas desde el
Poder Ejecutivo, y la suspensión indefinida de Jorge Arturo Camero
Ocampo, magistrado federal del Décimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa, quien antes de esta sanción otorgó amparos para frenar
la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, colocaron en el centro
del debate la independencia y autonomía del Poder Judicial
Después de que el propio Medina Mora dio a conocer públicamente su dimisión al cargo, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN,
exigió que se aclararan las causas y denunció presiones por parte del
Gobierno federal, por las investigaciones abiertas sobre un presunto
enriquecimiento inexplicable que inició la Unidad de Inteligencia
Financiera en contra del ahora exministro.
“No corresponde al titular del Poder Ejecutivo facilitar la salida de
un ministro de la Suprema Corte que no haya expuesto en su renuncia
causa grave. Por lo anterior es violatoria a nuestra Constitución la
pretendida aceptación inmediata del Ejecutivo Federal”, se lee en un
documento difundido por Marko Cortés en el que también exigió respeto a
la autonomía e independencia del Poder Judicial.
De acuerdo con el párrafo tercero del Artículo 98 Constitucional, “las renuncias
de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán
por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta,
las enviará para su aprobación al Senado”
Es por ello que el Partido Acción Nacional no consideró que se hayan resuelto las causas sobre la dimisión de Medina Mora.
En tanto, el 8 de octubre el Pleno del Senado aprobó la renuncia del exministro ante las exigencias de la oposición por esclarecer los motivos.
Arturo Zaldívar informó en días posteriores que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió de manera indefinida al magistrado Camero Ocampo por conductas indebidas.
Este magistrado (Jorge Arturo Camero) venía siendo una pieza muy relevante por sus conexiones dentro y fuera del Poder Judicial para una red de conductas indebidas que no serán toleradas en el Poder Judicial de la Federación
- Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Sobre la renuncia de su compañero de la Sala Superior, Zaldívar solo
expresó que por respeto a Medina Mora no podía pronunciarse al respecto.
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Independencia del Poder Judicial en duda
Las polémicas suscitadas en el Poder Judicial que llegaron hasta el Máximo Tribunal de Justicia, mantienen los ojos de la oposición en las futuras resoluciones de las controversias constitucionales presentadas.
De comprobarse que existió presión por parte del Gobierno federal para que un Ministro renunciara como parte de una estrategia política, la SCJN quedaría en una posición muy vulnerable
Para Gustavo Madero, senador del PAN, la deserción de Medina Mora no es una casualidad ya que sí hubo presión del Ejecutivo para que tomase esa decisión, luego de que la UIF abrió investigaciones en su contra.
“No es algo normal que un Ministro de la Corte renuncie de esta
manera. Y era un ministro que además estorbaba a este gobierno que
requería ese espacio (…) De repente el Poder Judicial empieza a cambiar
los amparos que están en contra del Aeropuerto de Santa Lucía y la
suspensión de Texcoco”, expresa.
El legislador panista agrega que esto abre la puerta para que el
presidente de la República tenga injerencia en la SCJN y con ello
dirigir los votos necesarios para inclinar la balanza en eventuales
resoluciones de controversias constitucionales; expresa
también que el Poder Ejecutivo busca sembrar miedo en sus adversarios
que pretenden dar una batalla judicial por considerar malas algunas de
las acciones por parte del gobierno.
“Todo esto es una misma y armoniosa melodía que está orquestando el
Gobierno federal para imponer el terror al Poder Judicial y no haya
quien se atreva a ir adelante en algún voto o de algún recurso en contra
de este Gobierno, porque ya sabe lo que le espera”, comenta Madero.
Para Mariano Calderón, socio especialista en derecho constitucional
del despacho Santamarina y Steta, de comprobarse que existió una presión
por parte del Gobierno federal para que un Ministro renunciara como
parte de una estrategia política, la SCJN quedaría en una posición muy
vulnerable.
Es fundamental e indispensable que la Suprema Corte y todo el Poder Judicial demuestren una imparcialidad a la Constitución y a las leyes, conforme a criterios jurídicos y que no ponga en consideración criterios o elementos de índole político- Mariano CalderónEspecialista en derecho constitucional
Borrar las sospechas
Especialistas en derecho constitucional consideran que la forma en la
que el Poder Judicial puede desmarcarse de las acusaciones sobre su
falta de independencia es ejerciendo sus funciones apegándose con rigurosidad a las leyes al resolver las controversias.
Para José Luis López Chavarría, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, el Poder Judicial no debe de fungir como un contrapeso debido a que su función no es de carácter político opositor.
“Los integrantes del Poder Judicial no tienen que ser, en estricto
sentido, un contrapeso político de la Presidencia, su fuente de legitimidad corre por caminos diferentes.
“La Presidencia se sustenta y se legitima a través del voto popular;
al Poder Judicial por su parte le corresponde velar la observancia y la
aplicación de lo que dice la Constitución y las leyes. Es así como opera
el equilibrio de las tareas del Estado”, explica López Chavarría.
Mariano Calderón afirma que es necesario que políticos y jueces respeten la división de poderes. Añade que aun cuando el mismo sistema judicial audite a sus integrantes, como lo plantea Arturo Zaldívar, será medular que las investigaciones se realicen con apego a la ley.
“Si queremos un Poder Judicial fuerte, se debe actuar conforme a la
ley antes de sancionar a cualquier magistrado o juez que se señale por
cualquier acto de corrupción”, menciona.
Futuras controversias para el Poder Judicial
En el futuro cercano la Suprema Corte de Justicia de
la Nación tendrá varias oportunidades para demostrar que no existen
presiones externas al resolver controversias constitucionales de
relevancia para la ciudadanía de manera clara.
Una de ellas es la revocación de mandato del presidente que ayer fue avalada en el Senado de la República.
En el mes de junio, los partidos de oposición a Morena expresaron que de aprobarse la revocación buscarían impugnarla ante la SCJN.
A pesar de que la iniciativa fue aprobada ayer con 98 votos a favor,
el PAN decidió no avalarla, a excepción de su senador Damián Zepeda.
La llamada “Ley Bonilla” es otro caso que podría escalar hasta le Máximo Tribunal de Justicia del país.
Esta Ley fue aprobada por el Congreso de Baja California en agosto pasado y tiene por objeto que el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdéz, ocupe ese cargo por cinco y no por dos años, lapso para el que fue designado originalmente
Diputados
de Morena en el Congreso local de Baja California promovieron una
consulta popular con la que buscan avalar la ampliación de mandato del
gobernador morenista electo a pesar de su falta de sustento legal.
Aunque ya existen intenciones de grupos opositores a Bonilla para
impugnarla, el Ejecutivo local no ha publicado la reforma que amplía el
mandato, lo cual podría suceder hoy.
En su conferencia matutina de ayer, López Obrador dijo que no impugnará la Ley, pero sí mencionó que está seguro de que será impugnada.
“Nuestra opinión desde el Ejecutivo es que se tiene que publicar la
ley porque no se ha publicado. Se llegó al extremo de que el Congreso
(local) o algunos diputados dijeron que no se publicaba porque no la
encontraban; es decir, que se traspapeló, pero son ‘chicanadas’ porque
al momento que se publique se va a impugnar y tiene que ir a la SCJN y
ahí se va a resolver de manera definitiva”.
Antes de su renuncia a la SCJN, Eduardo Medina Mora suspendió las sanciones del Congreso de Nuevo León en contra del gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.
La determinación del exministro ocurrió a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que el Congreso neoleonés debía sancionar
a Rodríguez Calderón por haber hecho uso de recursos humanos del
gobierno de la entidad cuando reunía firmas para obtener su candidatura
independiente a la Presidencia.
Por su parte, el Congreso de Nuevo León presentó un recurso de
reclamación ante la SCJN para que el fallo emitido por Medina Mora se
elimine y se eche abajo la suspensión para continuar con el
procedimiento de imposición de sanciones a El Bronco.
La impugnación de la Ley Bonilla, de la revocación de mandato y del fallo emitido por Medina Mora para evitar se castigue a El Bronco son actualmente algunos de los temas más complejos y polémicos que el Poder Judicial deberá resolver
El presidente de las ternas
Para sustituir a Medina Mora el presidente deberá enviar una terna al Senado de la República, donde se designará al nuevo ministro con los votos de dos terceras partes del Pleno.
Esta será la tercera terna que enviará López Obrador para un ministro de la Corte a solo 10 meses de que inició su gobierno.
Juan Luis González Alcántara Carrancá fue al primero que se designó
con la terna presentada por el presidente en diciembre de 2018 y Yasmín
Esquivel Mossa fue la segunda en marzo pasado.
Juan
Luis González Alcantara y Yasmín Esquivel Mossa son dos ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación que fueron propuestos por el
presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para el año 2022, López Obrador deberá enviar una nueva terna por el
término de mandato del ministro José Fernando Franco González Salas. Es
decir, que al final de su sexenio, el político tabasqueño habrá
propuesto a cuatro de los 11 ministros de la SCJN.
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