De Reporte Indigo
Eduardo Buendia
Bajo el compromiso presidencial de acabar con la corrupción, a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
le fue encomendada la tarea de prevenir y combatir las operaciones con
recursos de procedencia ilícita que cometan funcionarios públicos,
empresas, líderes sindicales y organizaciones criminales.
Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO),
la UIF ha sido uno de los organismos más activos en perseguir delitos
como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y defraudación
fiscal, entre otros.
Las investigaciones de la UIF han sido fundamentales para congelar cuentas millonarias a grupos del crimen organizado dedicados al tráfico de drogas o al robo de combustible; y también originaron que funcionarios de sexenios anteriores sean presentados ante jueces para explicar presuntos actos de corrupción
Con el impulso de Morena, en el Congreso de la Unión se discute atribuirle más funciones a la Unidad de Inteligencia Financiera con el objetivo de hacer más eficiente su labor.
La intención es dotar de “superpoderes” a esta Unidad para que pueda continuar con su labor de investigar a exservidores públicos y bloquear cuentas bancarias para seguirle la pista al dinero ilícito.
La propuesta ocasionó el encono entre la Oposición y el partido mayoritario en la Cámara de Diputados.
El argumento de los detractores es que las nuevas tareas que se pretenden asignar a la UIF pueden vulnerar derechos humanos de quienes sean investigados.
El otorgamiento de más funciones a la Unidad que encabeza Santiago
Nieto, está comprendido en la iniciativa de reforma a la Ley de
Instituciones de Crédito (LIC).
La propuesta establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
-a la cual está adscrita la UIF- pueda bloquear las cuentas bancarias
de personas sin que esta acción se tenga que realizar por conducto de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como sucede en la Ley vigente.
Además, la reforma incluye un mecanismo para que los sujetos
investigados realicen su solicitud de audiencia durante los 10 días
hábiles posteriores a la notificación del congelamiento de cuenta, que será emitida por su institución bancaria.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
En San Lázaro los partidos contrarios a Morena se opusieron a que
fueran las instituciones bancarias las encargadas de dar aviso a las
personas indagadas, al argumentar que la Ley estipula que debe de ser la
autoridad competente, es decir, la propia Unidad de Inteligencia
Financiera.
Pese a que la reforma fue aprobada en lo general el pasado miércoles,
una reserva a la minuta mantiene a la Cámara baja en suspenso y la
discusión continuará esta semana, debido a la falta de consensos.
Para Patricia Terrazas Baca, diputada del PAN, la
reforma a la LIC viola el artículo 16 constitucional, el cual establece
que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente”.
Lo que dice la iniciativa es que se notifique por medio de la institución financiera, pero esta no es una autoridad competente. Y no lo puede fundar ni motivar, porque eso solo puede hacerlo una autoridad- Patricia TerrazasDiputada Presidenta de la Comisión de Hacienda
“Ahí es donde se viola el artículo 16 constitucional: me bloquean mi
cuenta sin haberme avisado por qué se están yendo contra mis bienes. Y
los bienes no pueden ser bloqueados sin que exista una notificación por
escrito”, expresa Terrazas Baca, quien también preside la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados.
La diputada Martha Tagle asegura que su partido, MC, está de acuerdo
en dotar a la UIF de instrumentos para que puedan retener bienes, aunque
considera que debe de respetarse el proceso judicial ya establecido.
“Que la persona (investigada) sea notificada y cuente con un derecho
de audiencia adecuado que en la Ley no lo está. Sobre el bloqueo de las
cuentas mediante una cuestión administrativa la UIF se convierte en juez
y parte, en algo en lo que no debe ser parte, como en la extinción de
dominio; se brincan el procedimiento que le corresponde al Ministerio
Público y a un juzgado civil”, expresa la diputada Tagle.
Las prioridades de la UIF
Desde la llegada de Santiago Nieto a la UIF, una de las prioridades
de este órgano ha sido investigar a funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto y a otras figuras políticas cercanas al mexiquense.
El caso más reciente es el de Gerardo Ruiz Esparza, quien se desempeñó como secretario de Comunicaciones y Transportes.
La Unidad de Inteligencia Financiera abrió una carpeta de investigación en contra de este integrante del gabinete peñista, así lo confirmó el mismo Nieto Castillo la semana pasada.
Rosario Robles, quien fungió como titular de la Sedesol y de la Sedatu, también está en la mira del organismo adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Los bienes de Rosario Robles, exsecretaria de
Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y quien
actualmente permanece en prisión preventiva por ejercicio indebido del
servicio público, también están bajo la lupa de la UIF.
En septiembre pasado, la Unidad de Inteligencia presentó una primera denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR)
por el desvío de recursos mediante 150 contratos entre la Sedesol y
otras dependencias gubernamentales y universidades públicas, cuando
Robles Berlanga era su titular.
En el mes de octubre, Santiago Nieto anunció una segunda denuncia contra la exsecretaria por la venta de terrenos federales.
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, fue uno de los primeros exfuncionarios en ser investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso Odebrecht, derivados de la supuesta entrega de contratos a cambio de sobornos
Lozoya Austin tiene una orden de captura y es buscado en todo el mundo por la Interpol.
Gerardo
Ruiz Esparza, Rosario Robles y Emilio Lozoya Austin, son tres de los
principales exfuncionarios que están siendo indagados por la UIF
Además de las operaciones financieras irregulares, el exdirector de la petrolera es acusado de asociación delictuosa y cohecho.
Se le involucra también con la compra millonaria de Grupo Fertinal y
Agronitrogenados, dos plantas consideradas “chatarra” en las que se
indaga una triangulación de recursos con cuentas en el extranjero y la
adquisición de propiedades con sobornos.
La esposa de Lozoya, Marielle Helene Ecks, su madre, Gilda Margarita
Austin y Solís, y su hermana, Gilda Susana Lozoya, también han sido
vinculadas con los ilícitos imputados al extitular de Pemex.
En julio pasado, Gilda Austin y Solís fue detenida en Alemania por
agentes de la Interpol. La madre de Emilio Lozoya fue extraditada a
México y el 1 de noviembre, un juez la vinculó a proceso y le impuso
arraigo domiciliario por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa por el caso Odebrecht.
Los alcances de las indagatorias iniciadas por la Unidad de
Inteligencia Financiera han llegado hasta la Sala Superior de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El 3 de octubre Eduardo Medina Mora presentó su
renuncia como Ministro del máximo tribunal. Después de su declinación,
la UIF confirmó que había solicitado el bloqueo de las cuentas del ahora
exministro por movimientos irregulares en sus recursos financieros y un
presunto enriquecimiento ilícito.
Aunque Medina Mora argumentó que su dimisión fue por razones
personales, también se manejó la versión de que fue la presión de la investigación abierta en su contra lo que lo orilló a renunciar.
A lo largo de la actual administración los principales objetivos investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto han sido exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto
Tras
la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora la UIF dio a conocer que
había solicitado el bloqueo de sus cuentas bancarias por movimientos
irregulares
Contra el crimen organizado
Una de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera es seguir el rastro de las operaciones con dinero ilícito. Es por ello que su papel es fundamental en la retención de las ganancias que generan los grupos del crimen organizado.
Sin embargo, en el contexto político, también la UIF ha sido
cuestionada de ser un órgano utilizado con fines políticos para vigilar a
funcionarios que trabajaron para gobiernos anteriores.
Considero que el papel de Santiago Nieto y el de Alejandro Gertz Manero (Fiscal General de la República) es muy importante para la lucha contra los cárteles, porque el narco es un negocio exitoso. Ellos dos juegan un papel fundamental en los rendimientos y dividendos que genera esto
- Arturo Argente
Analista político y legal
“La Unidad que dirige Nieto es de un servicio financiero de
inteligencia que debe de saber en qué momento pegarle a estas
actividades y estar inmerso en temas de lavado de dinero y perseguir los
recursos en Estados Unidos o algún paraíso fiscal”, opina Arturo
Argente, analista político y legal.
La semana pasada, el titular de la Unidad de Inteligencia informó que Hacienda logró el congelamiento de más de 5 mil millones de pesos y 47 millones de dólares a grupos de la delincuencia organizada.
Santiago Nieto mencionó que las acciones emprendidas por la UIF
afectaron el dinero perteneciente a cárteles como Jalisco Nueva
Generación (CJNG), el Cártel del Pacífico y la Unión Tepito, entre otros.
Entre
los grupos del crimen organizado más afectados por las acciones de la
UIF se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del
Pacífico y la Unión Tepito
“Esto incluye evidentemente temas vinculados con narcotráfico,
tráfico ilegal de migrantes, trata de personas que corresponden tanto a
la delincuencia organizada como a casos particulares”, declaró ante
medios de comunicación.
El especialista Arturo Argente agrega que la suma de atribuciones a
la UIF es positiva para desintegrar al crimen organizado, aunque
advierte que esta Unidad sí puede ser utilizada como un instrumento para
arremeter en contra de adversarios políticos de la Cuarta Transformación.
Santiago Nieto informó que la SHCP ha logrado el congelamiento de más de 5 mil millones de pesos y 47 millones de dólares a grupos de la delincuencia organizada
Para Ulises Corona, politólogo y académico de la UNAM,
el hecho de que a la Unidad de Inteligencia Financiera se le esté
dotando de más poder, resulta peligroso por la oportunidad que tendría
de intervenir de forma directa en los ingresos y bienes de políticos y
otras figuras opositoras al gobierno.
“Definitiva y contundentemente sí se puede usar de manera política.
Cuando le das a una unidad fiscalizadora o evaluadora la capacidad de
que busque en tus bienes y tus ingresos, le estás dando la capacidad de
que entre a la cocina de tu casa. Es decir, donde más te duele.
“Por eso cuando te amenazan de entrar, incurrir en tu dinero, sí es
de llamar la atención. Lo curioso es que buena parte de los diputados de
Morena no están de acuerdo con esto, porque entonces sí sería una
decisión muy tiránica, sería en exceso absolutista y en mucho
sobrellevaría capacidades metaconstitucionales del Ejecutivo”, expone
Argente.
Las funciones que Morena quiere sumarle a la UIF son útiles para debilitar a las organizaciones criminales, pero también podrían ser utilizadas con fines partidistas para atacar a adversarios políticos de la 4T
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