De La Jornada
Astillero
Julio Hernández López
▲ CASO DE LOS 43, RESULTADOS PARA MARZO. Familiares de los 43
desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, se reunieron
ayer con el jefe del Ejecutivo, quien les ofreció para febrero o marzo
tener un avance concreto de la investigación sobre el caso.Foto Yazmín Ortega
Es una realidad de
nuestros tiempos y así hay que asumirlo: miembros de familias mormonas
asentadas en el norte del país, especialmente los LeBarón, están
inaugurando un ejercicio político binacional, México-Estados Unidos, que
puede significar para el país imperial una dorada oportunidad de
actuar, reaccionar e intervenir en asuntos mexicanos al amparo de la
protección de ciudadanos con doble nacionalidad.
El paso inédito se dio cuando integrantes de las familias LeBarón y
Langford solicitaron al gobierno de Donald Trump que declare como
organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles mexicanos
del crimen organizado. Lo hicieron a título de la ciudadanía
estadunidense al mismo tiempo que ejercían sus derechos como mexicanos
ante los terribles acontecimientos que en los límites entre Chihuahua y
Sonora significaron el asesinato de mujeres y niños de las familias
mencionadas.
Desde ese momento se registró la primera derivación política de la
dualidad méxico-estadunidense. La petición de las familias agraviadas
encajó en la estrategia anunciada por el presidente Trump, en el sentido
de la clasificación terrorista de los cárteles mexicanos. Aun
cuando hubo una primera oleada de críticas duras contra esos ciudadanos
con doble nacionalidad, hablando incluso de traición a la patria
mexicana, tales ataques se fueron diluyendo ante el hecho de que, en
realidad, los LeBarón y las otras familias tienen el derecho de invocar
la ayuda de los dos gobiernos.
La textura de ambivalencia se muestra con claridad ahora que se ha
anunciado una marcha para tratar de que el gobierno obradorista entregue
mejores cuentas en materia de seguridad pública y combate al crimen
desbordado. Javier Sicilia, Alberto Athié y otros convocantes a la
caminata que se iniciará el próximo 23 desde Cuernavaca, Morelos, hacen
política en un plano exclusivo del interés mexicano. No así los LeBarón
que al mismo tiempo que actúan en calles y foros mexicanos mantienen
gestiones políticas en Estados Unidos (lo cual propicia en suelo
mexicano, entre otros puntos, la marcada presencia y participación de
agencias estadunidenses, como la FBI, en las indagaciones de los
bárbaros sucesos de noviembre pasado).
Bajo la firma de Luis Pablo Beauregard, José María Irujo y Joaquín Gil, el diario español El País
publicó ayer que “Juan Ramón Collado, conocido en México como el
abogado del poder por defender a personalidades como el ex presidente
Enrique Peña Nieto, cobró en Andorra 4.4 millones de dólares (cuatro
millones de euros) de dos empresas fantasma, según una investigación de El País. Las firmas mexic
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