De Reporte Indigo
Ernesto Santillán y Julio Ramírez
La controversia que se ha generado en el país por las iniciativas de reforma en materia de judicial han puesto una vez más al sistema de justicia en tela de juicio.
Una situación que se complicó tras la liberación de dos personajes con vínculos al crimen organizado
por faltas al debido proceso, reviviendo los cuestionamientos sobre el
funcionamiento del actual sistema de justicia penal, e incluso acerca de
posibles redes de corrupción al interior del Poder Judicial.
El primer caso fue el de Karina “N”, esposa de José Antonio Yépez,
alias “El Marro”, líder del cártel Santa Rosa de Lima, quien fue
detenida el 29 de enero en Celaya, Guanajuato.
A pesar de que en la propiedad donde se llevó a cabo la detención se encontraron armas, cartuchos, droga y dinero en efectivo, fue liberada el 6 de febrero.
El 15 de enero los titulares de la FGR y de la
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo anunciaron una serie de reformas
al sistema de justicia del país, sin embargo no han sido enviadas al Congreso de la Unión para su discusión
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del estado, los
elementos ubicaron una casa de seguridad en la comunidad de San Miguel
Octopan, pero el juez de control detalló que los elementos, al no
encontrar a los sospechosos, entraron en otro inmueble donde los capturaron.
Sin embargo, no contaban con la orden judicial para
entrar en esa dirección, por lo que finalmente Karina “N” junto con
César “N”, Serafina “N” y Alfonso “N”, quienes también forman parte del
grupo criminal, no fueron castigados.
El segundo fue el de Omar Andrés “N”, alias “El Lunares”, presunto líder de la Unión Tepito, detenido en Hidalgo el 31 de enero y puesto en libertad el viernes 7 de febrero.
La juez que lo liberó argumentó contradicciones “insuperadas e insuperables” presentadas en el informe de su detención.
No obstante, cuando el líder del cártel salió del penal del
Altiplano, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México (FGJCDMX) y de la Policía de Investigación (PDI) lo estaba esperando con una nueva orden de aprehensión por el delito de secuestro exprés agravado.
Estos casos emblemáticos de los últimos días demuestran las graves
deficiencias en la cadena de procuración de justicia que existen en el
país: desde un sistema presumiblemente benévolo para los infractores,
hasta la incapacidad de los cuerpos policiales y las fiscalías para investigar y llevar ante un juez a quienes cometen un delito.
Frente a esta difícil realidad, Julio Scherer Ibarra,
quien encabeza la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y Alejandro
Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República,
anunciaron que presentarían un paquete con iniciativas de reforma para
modificar la impartición de justicia en el país, el cual, a pesar de no
contar aún con una versión final, ya ha generado reacciones encontradas
tanto de las distintas fuerzas políticas como de expertos y
organizaciones de la sociedad civil.
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En espera de los documentos
Indira de Jesús Rosales San Román, senadora del PAN
y secretaria de la Comisión de Justicia, asegura que esperaban que el
paquete de reformas se entregara cuando comenzó el nuevo periodo
ordinario de sesiones.
“Seguimos esperando, el anuncio se dio desde hace ya tres semanas,
incluso esperábamos que el paquete de iniciativas llegara cuando arrancó
el nuevo periodo legislativo en el Congreso de la Unión, sin embargo, entiendo que no se encontraban concluidas.
“Es por ello que ahora estamos citados el día miércoles 12 en la Casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado
de la República, para continuar el diálogo con la SCJN respecto al tema
de la reforma; ahí esperamos recibir tanto las propuestas para reformar
el Poder Judicial como las que buscan reforzar el sistema de justicia
en el país”.
Por su parte, el senador del sol azteca e integrante de la Comisión de Justicia, Miguel Ángel Mancera,
asegura que no sabe a qué se deben los retrasos, pero considera que las
modificaciones planteadas van a contracorriente de lo que se está
haciendo y se ha logrado en materia de justicia en el país.
El punto es un cambio de política criminal, lo que se está planteando tiene un tinte mucho más duro, es decir, se volvería a un derecho penal procesal mucho más rígido. Lo cual me parece que va a contracorriente de lo que se está haciendo y se ha logrado en esta materia- Miguel Ángel ManceraSenador del PRD e integrante de la Comisión de Justicia
“México ha avanzado mucho en la parte garantista de manera clara y consistente; me parece que podemos encontrar de manera conjunta otros mecanismos que pueden funcionar también porque sí se le necesita meter mano al sistema de justicia”.
Cambios a discutir en el sistema de justicia
Las modificaciones al sistema de justicia penal en México que tanta polémica han causado se anunciaron durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el 15 de enero pasado.
La propuesta incluye la creación de la Ley Nacional
de Cultura Cívica y un nuevo Código Penal Nacional; reformas al Código
de Procedimientos Penales, a la Ley de Amparo, a la Ley Nacional de
Ejecución Penal, a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para
Adolescentes, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; además estaría
integrada por 14 modificaciones constitucionales.
Cristina Reyes, abogada del área de Política de Drogas y especialista en temas de género de la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia, asegura que cuando esta información se filtró les causó mucha preocupación.
“En cuanto al contenido de los documentos filtrados hay muchas cosas que nos preocupan.
“Una de ellas es todo el revés que plantean darle al sistema penal acusatorio, pues todos los derechos que se habían ganado tanto para personas sujetas a proceso como para las víctimas se echarían para atrás.
“Además se regresa a esta visión bastante vieja, que ni siquiera es del sistema inquisitivo mixto que teníamos antes de 2018. La cual es muy monárquica, muy jerárquica.
“Se anula completamente a las víctimas a pesar de que en el discurso señalan todo lo contrario porque se limita su participación en el proceso penal
y se le dan más facultades a los Ministerios Públicos para llevar a
cabo acciones de investigación que están lejos de privilegiar los
derechos humanos y que les permitirá continuar un proceso penal con el
mínimo esfuerzo”, acusa.
Las
reformas al sistema de justicia planteadas tanto por la FGR y la SCJN
deben ser enviadas al legislativo por el Presidente de la República
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Sistema de justicia: De la polémica al parlamento abierto
Dentro de todas las modificaciones que se buscan hacer para fortalecer el sistema de justicia en México, hubo una propuesta en específico que prendió las alertas en todo el país.
En la reunión plenaria realizada entre el Fiscal General de la República y los diputados de Morena, Alejandro Gertz Manero propuso eliminar el tipo penal de feminicidio bajo el argumento de que para el Ministerio Público es difícil acreditarlo.
Sin embargo, ante las fuertes críticas que surgieron tanto por parte de organizaciones de la sociedad civil
como de muchas legisladoras y legisladores de los distintos partidos,
el día de ayer por la mañana el Fiscal General dijo que le explicó a los
legisladores de Morena que el delito del feminicidio requiere de una
reforma para darle fuerza a su proceso legal y aseveró que después se distorsionó la información por lo que la FGR tuvo que aclararlo.
“Encontramos que en la tipicidad de ese delito, que es la forma en
cómo está presentado y los elementos que se tienen que dar para judicializar, había una serie de obstáculos que nosotros consideramos que debían de superarse.
Les dije que había una situación que había que reformar, que ese delito manteniendo su autonomía debíamos de hacerlo mucho más sencillo para proteger a las víctimas, para proteger a las mujeres
- Alejandro Gertz Manero
Fiscal General de la República
Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, Gertz Manero dijo que
llamó la atención de la FGR que ese delito se disparó de una manera
preocupante en un 137 por ciento, mientras que en el mismo periodo -5
años- el homicidio aumentó un 35 por ciento.
A pesar de las aclaraciones, Cristina Reyes, abogada
del área de Política de Drogas y especialista en temas de género de
México Unido Contra la Delincuencia, dice que es inaceptable que se
busque reformar la ley solo porque es difícil que se aplique.
La exigencia de justicia en México se ha hecho escuchar a través de diversas manifestaciones.
“No es una postura aceptable de ninguna autoridad que diga que porque
la Ley es muy difícil o el trabajo en sí es muy complicado hay que
cambiarlo todo para hacerlo más fácil.
“Esa es una visión muy preocupante porque qué confianza vamos a tener como sociedad en una autoridad
que solo quiere las cosas fáciles con una problemática tan difícil. Lo
que nosotras queremos no son más condenas, lo que queremos es seguridad y
justicia”.
Por su parte, la senadora Indira de Jesús Rosales, asegura que para evitar que estas reformas generen más retrasos que avances en materia de derechos humanos y de impartición de justicia, es fundamental que se discutan en un parlamento abierto estas iniciativas
“Lo que nosotros estaremos buscando en todo momento es que las
reformas sean para promover una justicia como debe ser: rápida y
expedita y que no transgredan los derechos humanos. Que
en la búsqueda de reforzar un sistema de justicia no se vayan a mermar
los derechos fundamentales de las personas, por ello, el parlamento
abierto es una de las primeras cosas que estaremos solicitando una vez
que lleguen los documentos al Senado para que sean escuchadas todas las
voces”.
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La limpia en el Poder Judicial
La reforma al Poder Judicial llega en un momento
clave. Desde hace 24 años –cuando se creó el Consejo de la Judicatura
Federal (CJF)– no se ha efectuado un cambio tan importante al interior como el que se busca realizar actualmente.
Desde juzgadores que no fueron ratificados para seguir en sus
puestos, la eliminación el 28 de agosto pasado de la ratificación
automática de magistrados, hasta la detención de un
juzgador, han sido algunas de las muestras de que el Poder Judicial
necesita un cambio que atienda los actos de corrupción y nepotismo al interior del sistema de justicia.
Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se están fomentando acciones para acabar con todas la irregularidades que se cometen al interior de este órgano encargado de impartir justicia y proteger la Constitución
Las modificaciones están planteadas desde el ámbito administrativo y serán a propuesta de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Son modificaciones a leyes que están relacionadas con la
administración de justicia, ¿Cuántas? No lo sé, porque el paquete lo
tiene la Corte y será quien las presente, recuerden que hicimos un
compromiso, que serían ellos los que intentarán hacer desde adentro
reformas para eliminar nepotismo, corrupción y para generar el principio
de mayor confianza en la impartición de justicia”, explica el senador
morenista Ricardo Monreal.
En tanto, el Poder Judicial ha buscado dar visos de ejercer una lucha frontal contra los actos de corrupción.
En noviembre pasado, el CJF dijo que la nueva integración del Consejo
tomó la decisión de acabar con la práctica del nepotismo, entendida
como la designación de familiares o amistades cercanas para ocupar
cargos públicos.
Mientras que apenas el 5 de diciembre pasado se instrumentaron, por
primera vez, una serie de medidas para enfrentar el nepotismo como
“política pública toral” del PJF.
La medida implica una serie de acciones que van desde un padrón de
relaciones familiares hasta la implementación de un Comité de Integridad
para efectuar las contrataciones.
Ricardo Monreal presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado.
“La posición de cero tolerancia del Pleno del CJF y su presidente, el
ministro Arturo Zaldívar, ha sido tajante respecto a casos sobre
igualdad y no violencia de género, así como contra el nepotismo dentro
del Poder Judicial de la Federación (PJF)”, informó el CJF en un
comunicado emitido el mes pasado.
Como muestra de su determinación, el 29 de enero, el Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió por 6 meses a un
magistrado federal por presuntas causas de responsabilidad grave, entre
las que se incluían presuntos actos de nepotismo, acoso sexual y laboral.
Otro de los casos más recientes fue la detención en Guadalajara por parte de la FGR del juez Isidro Avelar Gutiérrez,
acusado de tener ingresos adicionales y otras irregularidades
patrimoniales, dio a conocer el Consejo de la Judicatura Federal.
Para poner fin a la corrupción y al nepotismo al interior de la SCJN se están implementando una serie de acciones como la creación de un padrón de relaciones familiares o de un Comité de Integridad para efectuar las contrataciones
La reforma judicial, a pesar de haber tomado a todos por sorpresa no
es nueva, está sobre la mesa desde las elecciones federales pasadas,
cuando Andrés Manuel López Obrador la incluyó en el Proyecto Alternativo
de Nación, donde se planteó que las universidades podrían aportar las
claves para una reforma de este tipo.
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