¡El agua se acaba!, ¿para todos?

Jorge Salazar García

La materia que conforma el cuerpo humano es 75% líquida, cuando es bebé, y 60% cuando es adulto. Se distribuye a todo el organismo mediante la sangre y las células. Además de alimentar los tejidos e hidratarlos, retira los desperdicios generados por la función de nuestros órganos. Sin ella simplemente no se puede vivir. Por esa causa, su disponibilidad, es un Derecho Humano que debe ser garantizado por todos los gobiernos. Lamentablemente, a partir de la globalización del neoliberalismo, este bien, se convirtió en un artículo de mercado generador de ganancias seguras e inagotables. En México, este enfoque mercantil fue legalizado por Carlos Salinas en 1992, mediante la Ley de Aguas Nacionales. Esa Ley, elaborada como requisito para ingresar al Tratado de Libre Comercio (TLC), privilegia los intereses privados. Desde entonces las empresas despliegan estrategias de despojo para controlar los cuerpos de agua, saneamiento, trasvases, presas y desalinizadoras.

Debido a la permanente resistencia social, el Estado, en 2012, elevó a rango constitucional el “acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible (art. 4º, párrafo sexto). A partir de esta reforma, incumbía al poder Legislativo elaborar la ley reglamentaria correspondiente en un término de 360 días; es decir, cambiar la Ley salinista. No lo hicieron, pues los empresarios, temiendo verse afectados, no lo permitieron. Hasta que sus intereses estuvieron resguardados se conoció la nueva ley. De inmediato fue objetada por las organizaciones defensoras del agua ya que resultó peor que la anterior, pues contemplaba concesionar caudales nacionales y trasvases, permitiendo, a las empresas, realizar descargas de líquidos residuales. Cientos de mexicanos lucharon por construir una iniciativa ciudadana y lograron consensuar una propuesta; la cual, finalmente, también fue bloqueada. Grupos de Veracruz y Quintana Roo, recurrieron al Amparo y en 2020. La Suprema Corte se los concedió y ordenó al legislativo retomar el asunto considerando el art. 4 Constitucional. Ahora cumplen 10 años en desacato, pues la iniciativa sigue congelada.

El negocio del agua.

Las consecuencias de tratar el agua como mercancía, están a la vista: el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos (2020) informó que, entre 1980 y 2018, el número de desastres hídricos dejó sin agua segura a 2 mil millones de personas. Por supuesto, omite decir que la codicia de los inversionistas es la causa original de esos desastres. Estos señores, sabedores de que el valor del agua crecerá exponencialmente, buscan monopolizarla lo antes posible. En 2023 quién posea a partir de 1233 metros cúbicos podrá cotizarlos en futuros del agua en las bolsas de valores. Es un negocio descomunal. Por eso matan activistas, compran autoridades y despojan a los pueblos.

 Para darse cuenta de la magnitud del negocio, debe saberse que el 76% de las familias mexicanas gastan en la compra de agua (garrafón o botella) cerca de 12 mil millones de pesos trimestralmente (INEGI). Este dato, que posiciona a México como el mayor consumidor de agua embotellada por habitante en el mundo, explica porqué la Coca-Cola (Ciel), Danone (Bonafont) y Pépsico (E-pura) venden el litro de agua embotellada 494 veces más caro. Son estas compañías, junto con la Nestlé, Bimbo, Bachoco, Cemex, Modelo, mineras y bancos las que concentran las concesiones acuíferas, según el registro Público de Derechos del Agua. Por cierto; antes de irse, Peña Nieto, renovó 30 años más, al Grupo México, su concesión para explotar 2 millones de metros cúbicos. Con este enfoque mercantil, ningún gobierno puede garantizar el servicio de agua a la población: o se endeuda, aumenta las tarifas o concesiona el servicio público a empresa privadas.

¿Se acaba el agua?

75% del planeta es líquido, pero sólo el 3% de éste es agua dulce (polos, manantiales, ríos, lagos). De este porcentaje, únicamente un tercio esta disponible para el uso humano. Pareciera muy poca para tanta gente, pero sucede que el agua se recicla y una vez consumida regresa a su ciclo. Bien distribuida y usada racionalmente alcanzaría para todos. El problema es que sólo pueden asegurar el suministro quienes tienen dinero. O ¿Alguien sabe si los clubes de golf han dejado de regar sus pastos? o ¿les falta agua a la CocaCola, mineras o cerveceras? Sobre estas últimas vea algunos datos oficiales: Las cerveceras gastan 3 litros de agua por cada litro de cerveza producido y el fracking utiliza entre 4 y 20 millones de litros por pozo perforado. Considerando 20 millones de litro, la cantidad es suficiente para que una familia de 4 integrantes, utilizando 100 litros por persona (aseo personal, inodoro, comida, limpieza) diariamente, no le falte agua durante ¡136 años! Bueno, una mina gasta en una hora lo que esa familia consumiría en ¡20 años!

El agua, al ser considerada una mercancía, obedece a la ley de la oferta y la demanda. Su precio se eleva con la escasez, ficticia o real. Por esa razón los mercaderes la acaparan, desperdician, contaminan y además deforestan evitando la recarga de los mantos acuíferos. El libertinaje de las ganancias está desbordado. Respecto a la contaminación, el Resumen del Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos del Mundo, registró que 2 millones de toneladas de desechos (industriales, químicos), eran arrojados diariamente en aguas receptoras. Greenpeace internacional alertó en su informe “Ríos Mexicanos, Ríos Tóxicos” que el ¡70% de los cuerpos de agua en el país! están contaminados con mercurio, plomo, cromo, tolveno y benceno, sustancias altamente cancerígenas arrojadas por la industria. Definitivamente el agua no se acaba, existe una escasez inducida y provocada por los “aguatenientes”.

¿Quiénes son responsables del desastre?

Definitivamente el trabajador no. Este tiene que ocuparse de su horario para devengar ese salario que será disminuido con los impuestos, como el del agua. El cual, por cierto, es del 16%, como si fuera un artículo de lujo. Los responsables son los políticos; quienes, por omisión o acción, siguen aplicando las mismas políticas fallidas. En la ciudad de Xalapa, por ejemplo, la Fundación Salvemos el Agua informó que en diez años (2007-2017) su costo se incrementó cerca del 300 por ciento (de 7.8 pesos el metro cúbico pasó a valer 23.8) convirtiéndola en la 7ª más cara de país. Cosa absurda tomando en cuenta que es un “lugar de manantiales”. Cada alcalde se queja del anterior para justificar el aumento de las tarifas. El Organismo Municipal de Agua y Saneamiento, generalmente padece una cartera vencida de decenas de millones de pesos, haciendo imposible garantizar lo establecido en el artículo 4 Constitucional. El actual Alcalde, Ricardo Ahued, congruente con su formación empresarial, sólo piensa en esos términos y cree justificable aumentar, próximamente, las tarifas conforme a la inflación.

Hay propuestas serias y viables para ir resolviendo este candente problema. La primera sería exigir a los diputados aprueben la Ley General de Aguas consensuada, mientras tanto promover en los municipios una administración de ese recurso sin la intervención de empresas privadas y contar con un consejo ciudadano, con voz y voto, dentro del sistema estatal.