Prueba del agravio a jubilados

“No se entiende ni justifica la cancelación del seguro de vida.”

Jorge Salazar García

Existen variadas maneras para saquear el dinero público sin dejar huella fácil de rastrear. Una de ellas es crear leyes, reglamentos e instituciones con el objetivo específico de sustraer o desviar recursos públicos. Esto es posible debido a que su creación depende de la élite política y económica y porque, generalmente, el ciudadano común es marginado de los ámbitos legislativos. “Hecha la Ley, hecha la trampa” dicta el refrán registrado desde 1734 en el diccionario de la Real Academia Española.

Posteriormente, buscando  garantizar la impunidad en los despojos y “negocios exitosos” realizados bajo el cobijo del poder, se colocan incondicionales en las instancias de procuración de justicia, notarías, auditorias y órganos de vigilancia. Jueces, notarios, ministros, fiscales, peritos, auditores, inspectores, salvo sus honorables y rarísimas excepciones, agradecidos con quien les dio el puesto, se ponen al servicio de los delincuentes de cuello blanco. 

Sexenio tras sexenio la regla fue vaciar los arcas públicas sin contemplación alguna. Por esa razón cada nuevo gobierno las encuentra literalmente vacías, sin siquiera dinero para cubrir el gasto corriente. El nuevo Tlatoani tiene que aumentar tarifas por servicios e impuestos públicos, reducir el gasto social, privatizar o concesionar los bienes de la Nación, vender puestos y candidaturas y, sin excepción, endeudar al país. Para justificar esas medidas, “dolorosas pero necesarias” (Banco Mundial dixit), encarcelan a uno que otro chivo expiatorio temporalmente, piden a los pobres austeridad y ajustarse el cinturón afirmando que de eso modo ¡salvarán a la Nación!

Desde 1988 la rapiña fue tan sistemática que hoy hasta las playas pertenecen a una reducida oligarquía y cada mexicano debe más de 100 mil pesos por la deuda nacional. Un modus operandi de los funcionarios de primer nivel, que prevalece en los Estados y en algunas dependencias federales, es disponer del presupuesto de aquellas instancias gubernamentales donde se manejan recursos destinados a la gente más pobre, controlada por dirigentes políticos y sindicales. Por esa razón las primeras víctimas propiciatorias son personas afiliadas a los sindicatos y partidos excluidas  de la toma de decisiones. ¿Sucede lo mismo en Veracruz? 

Juzgue usted. Este año los agremiados de la Asociación de Jubilados y Pensionados del ISSSTE de Veracruz (AJUPIV), se han visto obligados a salir a las calles en virtud de que el seguro de vida, cuya cuota es descontada de sus talones de pago, no ha sido contratado desde 2021.  ¿Qué han hecho las autoridades con esos fondos? , ¿Cómo ocurrió esto? 

Transcribo parte del boletín que AJUPIV distribuye a periodistas y público durante sus manifestaciones.

“Durante los años 2012-2013, recién jubilados, empezamos a descubrir y a sufrir en carne propia las atrocidades que cometía el mal gobierno de Javier Duarte de Ochoa al no pagarnos aguinaldos, bonos, primas vacacionales y de antigüedad, entre otros conceptos. Pero el peor abuso de este nefasto gobernador consistió en optar por no contratar el seguro de vida para el personal activo y jubilados. Esta pesadilla duró lo que el gobierno de Duarte (2010-2016). Se remedió este agravio durante el bienio de Miguel Ángel Yunes … Esta tranquilidad no duró mucho pues, para nuestra desgracia, fue electo como gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien de manera arrogante, irresponsable e insensible decidió cancelar el seguro de vida para todos los trabajadores federalizados, condenándolos de nueva cuenta a dejar desprotegida a nuestra familia cercana en caso de muerte”.

Esta organización, fundada en 2014, después de haber agotado las instancias formales, jueves tras jueves, de 10 a 12 a.m., se planta frente al palacio de gobierno demandando sea contratada la aseguradora que cumpla con esa prestación que durante toda su vida activa pagaron y siguen pagando aún retirados (Ver imagen). Como bien se sabe, dichas compañías deben ser contratadas anualmente y la SEV no cumplió con dicha obligación. Esta “acción canalla” ya impidió a los familiares de los trabajadores fallecidos cobrar el seguro.

Como puede advertirse, la problemática lleva años sin ser resuelta. Al contrario, pareciera que la cancelación de esa prestación social es parte de la política estatal de gobierno. La pesadilla que significó Duarte, ¡quién lo dijera!, se repite con Cuitláhuac de modo infame y perverso, dado que las víctimas son personas que laboraron entre 30 y 40 años y, además, conforman un sector bastante vulnerable.

No obstante ser señalado con antelación este abuso de poder, las autoridades siguen siendo omisas y sordas. Por cierto, AJUPIV no es la única organización con afectados, también el líder de la sección 56 del SNTE, Reveriano Marín, denunció la semana pasada tener centenas de agraviados en su gremio. El mismo dirigente declaró que por ese concepto el Estado adeuda cerca de 1500 millones de pesos.

La imagen anexada a este artículo muestra el talón de pago de la pensión de una afiliada a AJUPIV, fallecida recientemente. El concepto 026 indica el descuento que la federación transfiere al Estado para que la autoridad estatal facultada los aplique al fin destinado. La hija de la señora Julia y otros familiares con el mismo problema, sigue esperando les paguen lo que les corresponde. ¿A quién demandar por este agravio colectivo consumado?, ¿Por qué el Estado no cumple con esa obligación?

Durante 30 años el presupuesto en Seguridad Social y los derechos laborales fueron sistemáticamente reducidos por considerarlos una carga para el Estado. Se supone que eso ya no ocurre pues 30 millones de mexicanos votaron por AMLO para que esa política neoliberal, cesara. A nivel federal el Presidente la combate pero en Veracruz ni siquiera visos de eso está sucediendo, en el caso mencionado. 

Una hipótesis para no hacerlo podría ser que ninguna compañía quiera asegurar a una población cuya expectativa de vida es relativamente corta, por ese monto. Al Estado le sale más conveniente pagar sólo a quienes logren superar las tortuosas barreras burocráticas que contratar la aseguradora. Dado que aumentar la cuota generaría un costo político ¡inaceptable en tiempos electorales!, entonces la mejor opción para los morenos es hacer lo mismo que Duarte: negar y ocultar sus latrocinios. 

Otra hipótesis más cruel, pero posible, es que el gobernador piense que la muerte de los familiares reclamantes de justicia, lo libere del deber de procurarla. Pues es un hecho consumado que los jubilados no han tenido la expedita y pronta justicia a que tienen derecho. 

Guardadas las proporciones, sucede lo mismo con las demandas de los familiares de los desaparecidos, de  las víctimas de la guerra sucia y de los  normalistas de Ayotzinapa. ¿Debe justificarse la postergación de la justicia ante los embates de una derecha asesina?, ¿Es moralmente justificable el desvío de recursos públicos hacia las campañas imponiendo sacrificios y renuncias a los agraviados de siempre mientras los políticos y empresarios se enriquecen sin recato ni límites?