Jorge Salazar García
En este año se cumplirá una década del secuestro de los estudiantes de Ayotzinapa. Durante 10 años todos los expedientes han sido objeto de manipulación, ocultamiento, destrucción y alteración por autoridades de los tres niveles de gobierno. El turbio manejo del caso ha llevado a olvidar que ese 26 de septiembre de 2014, además de los 43, fueron baleados 4 estudiantes más; de los cuales, uno quedó en estado vegetativo y tres murieron, dos al instante y el cuarto después de ser torturado. Sobre este último trata este artículo por ser clave de la participación del Ejército. De Gregorio de la Cruz, nos ocuparemos en el próximo.
Julio César Mondragón.
A sólo unos meses después de esa trágica noche de Iguala, Jorge Belarmino Fernández publicó el libro “Julio César Mondragón Fontes” (www.brigadaparaleerenlibertad.com , 2015), exponiendo datos referentes a la ejecución de ese joven. Tenía 22 años de edad.
La familia
Julio se había convertido en padre de una bebé (Melisa) 15 días antes del 26. Su esposa Marisa Mendoza Cacahuatzin (24 años de edad) recibió la última llamada de él a las 21:45. Le dijo que estaban siendo baleados por encapuchados protegidos por patrullas. Algunos de sus compañeros afirmaron haberlo visto caer herido y a una patrulla levantarlo. Él, como sus compañeros hijos de campesinos, demandaba al gobierno aumentar de 35 a 50 pesos para la comida, reparar baños, dormitorios, comedores, incrementar la matricula y garantizar plazas para los egresados de la normal Raúl Isidro Burgos. ¡Qué atrevimiento!
Sus familiares supieron de él, gracias a la fotografía que el hermano de Julio recibió en el celular. Lo reconocieron por la ropa, pues su rostro estaba macabramente desollado. El cuerpo apareció en el lado opuesto de donde le vieron caer y los registros oficiales lo ubicaron en dos lugares distinto (comenzaban a manipular expedientes). Marisa acudió el 28 de septiembre a la morgue. Mientras lo reconocía, los funcionarios le aconsejaron pidiera indemnización y la distraían para impedirle viera otras heridas. Los forenses concluyeron inmediatamente que la causa de muerte fue “un edema cerebral producido por múltiples fracturas craneales; no obstante, el desollamiento del rostro y el vaciado de los ojos evidenciaban una tortura aplicada durante horas. Lo mataron, como dijera una adolorida madre, por haber ido a “una escuela de pobres”. Afrodita Mondragón, comparándose con las madres de los 43, dijo: “mínimo yo tengo donde hablarle a Julio César; sé dónde está”.
La tortura
El Dr. Ricardo Loewe, perito forense fundador del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, explicó que para dejar los huesos disecado del rostro retirando la piel, eran necesarios cortes precisos (de cirujano). En el antebrazo derecho aparecieron equimosis correspondientes a la sujeción forzada de las manos, además de manchas obscuras (quemaduras eléctrica) y circulares en la muñeca y el flanco izquierdos. El codo izquierdo presentaba lesiones, indicando que la víctima fue arrastrada en vida. No había duda: Julio había sido torturado con técnicas especializadas contenidas en los manuales de contrainsurgencia. Pues tal como lo recomiendan: infringieron el mayor dolor posible y dejaron un testimonio público de escarmiento. La difusión pública de la fotografía de Julio con el rostro sin piel constituye, en si misma, una prueba de lo anterior.
Abundando sobre el desollamiento, un experto argentino lo definió como un método de extrema violencia que precisa aprendizajes específicos y una mentalidad adiestrada. La defensora de Derechos Humanos Sayuri Herrera complementó diciendo: “son técnicas enseñadas, mecanizadas y exportadas de un país opresor a otro. La tortura se ha convertido ya en un instrumento de gobierno”.
Las fuerzas armadas (FA)
A pesar de las aberraciones procesales cometidas a nivel local, sólo hasta después de las movilizaciones y demandas de organismos defensores de derechos humanos, la Procuraduría General (PGR) atrajo el caso. Se obligaba al Estado a refinar su “verdad histórica”. Entre más tiempo se mantuviera el caso abierto, más se evidenciaría la existencia de un plan premeditado. Urgía cerrarlo y borrar rastros de la participación del ejército.
Del éxito de esa tarea dependía la total exoneración del presidente Peña Nieto. Pues fue él quien ordenó a las FA hacer lo que hicieron. Su modus operandi coincide con el desplegado 4 años antes por el 27avo batallón de infantería instalado en Iguala. Un grupo de militares fueron grabados en video-cámaras de seguridad secuestrando 6 estudiantes. Por supuesto ninguno fue castigado y jamás aparecieron los muchachos.
Marisa y los familiares de los 43 siempre fueron hostigados con citaciones e interrogatorios. Actualmente son infamemente calumniados. Las autoridades intentaron dar carpetazo culpando a Luis Francisco Martínez (policía municipal encargado de la patrulla que levantó a Julio César). Lo exoneraron un mes después. Si no llevó a Julio a la comandancia municipal, eso significa que lo entregó en las instalaciones militares. Allí lo torturaron hasta la madrugada siguiente.
Más pruebas: tres días antes del 26, el ejército ya aplicaba los protocolos de control y seguimiento a las movilizaciones de los estudiantes de esa normal clasificada, por el gobierno, como foco de guerrilleros. Incluso tenían a dos espías infiltrados en la escuela. Esa ofensiva contra las normales rurales venía desde 1960; su cierre era objetivo contrainsurgente. El Estado asesorado por la Agencia Internacional de Desarrollo (AID), la DEA y la CIA, desarrollaba la guerra sucia en México.
Marcela Turati, escribió para la revista Proceso que el 27avo batallón, monitoreó minuto a minuto, a través del Centro de control, comando, comunicación y cómputo (C4), lo ocurrido esa noche. Oficiales, Luis Abarca (presidente municipal), Genaro García Luna, Omar García Harfuch, Ángel Aguirre (gobernador del Estado), Peña Nieto y el general Salvador Cienfuegos estuvieron informados permanentemente. En uno de los reportes se señala que algunos estudiantes estaban retenidos en el cuartel militar. Igual se registró la presencia de soldados patrullando las calles desde las 23 horas del 26 a las 6 a.m. del 27. Tal despliegue da la certeza de que las FA poseen las fotos, videos y reportes de los encargados de registrar los hechos. Los estudiantes no fueron llevados a la comandancia municipal. Esto fue corroborado por el Capitán Crespo, del Batallón mencionado, pues al mando de un grupo de 12 soldados armados realizó una minuciosa inspección en la comandancia por más de 15 minutos. Con todo y ello los altos mandos reportaron esa noche ¡sin novedad!
Al expediente entregado a los familiares le faltaron 97 folios con reportes de los días 26 y 27 de septiembre, precisamente. El resto tienen apuntes extemporáneos, líneas borradas, distorsión de los lugares, huellas manipuladas, fotos censuradas y ¡eliminados los nombres de los militares participantes!
La 4T
En la elección de 2018, el hartazgo social mostraba un pueblo a punto de estallar. De haberse cometido otro fraude electoral e impedido el triunfo de Morena, la violencia hubiera explotado. Para evitarlo tuvieron que reconocer el triunfo de López Obrador y, éste, aceptar sus condiciones: no aumentar impuestos, respetar concesiones a las corporaciones y perdonar a Peña Nieto por lo de Ayotzinapa.
Derivado de esto último, se comprende que el ejecutivo no pueda revelar toda la verdad sobre las acciones militares de esa noche. La protección a la cúpula militar es total; dado que, si cae Cienfuegos, cae Peña Nieto, y este títere arrastraría consigo a Salinas, principal aliado de los yanquis. El rescate, exoneración y condecoración de Salvador Cienfuegos lo constatan. Hasta el presente, un laberinto de tácticas dilatorias, trabas procedimentales, trampas burocráticas, calumnias y promesas incumplidas impiden a los familiares tener justicia. Y la impunidad de las FA se mantiene incólume.
Los cursos yanquis de capacitación militar a oficiales, acordados en los Tratados tienen el objetivo central de combatir a cualquiera con ideas socialistas o amenace sus intereses. El Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) es parte de esa élite dedicada a suprimir la disidencia en las zonas campesinas donde resisten organizadamente. El asesinato de Gregorio de la Cruz, miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FSLN), cuya presencia se extiende a comunidades campesinas de varios Estados, encuadra con el tipo. Continuará…
*Raúl Mondragón, abuelo de Julio César.
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