De Zócalo Saltillo
Indicador Político
Carlos Ramírez
A la hora de las votaciones sobre la iniciativa de reforma laboral del
presidente Calderón, los miembros de la Cámara de Diputados deberán
tomar en cuenta el escenario político de contexto:
1.- La alianza histórica del Estado con los trabajadores asumía a los
beneficios a los sindicalistas como extensivos a la sociedad; pero esos
sindicatos ya perdieron su relación con la sociedad y obtienen
prestaciones sociales gremiales a costa del bienestar de la sociedad en
general.
2.- Los sindicatos desaprovecharon la oferta de la reforma laboral de
Carlos Salinas en 1990 en cuando menos dos concesiones: la propiedad
accionaria de trabajadores y los comités de fábrica para toma de
decisiones patrones-trabajadores. Salinas le entregó al sindicato de
telefonistas y a los mineros en 5% de las empresas privatizadas para que
tuvieran acceso a información de la empresa, pero los telefonistas le
revendieron su paquete al propietario Carlos Slim y el líder sindical
minero Napoleón Gómez Urrutia se apropió del valor del paquete
accionario y lo vendió para beneficio propio.
3.- Los trabajadores sindicalizados convirtieron el salario en el eje de
las relaciones Estado-trabajadores-empresas pero el neoliberalismo de
Salinas colocó al salario como una variable estabilizadora
antiinflacionaria. Los sindicatos, todos, aceptaron las nuevas reglas y
con ello perdieron su fuerza negociadora. La clave se localizó en el
hecho de que los trabajadores ya no estallaron huelgas por salarios.
4.- El bienestar de los trabajadores fue la doctrina política del PRI
respecto a los obreros; pero en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994
de Carlos Salinas, el enfoque tutelar del Estado en materia laboral se
suplió por la doctrina neoliberal del “mejoramiento productivo del nivel
de vida de la población”, es decir, la sobreexplotación de la mano de
obra.
5.- El sindicalismo mexicano se dividió en dos grupos: el
independiente-revolucionario-proletario y el priísta-fidelvelasquista.
El Estado en los gobiernos de López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría,
López Portillo, De la Madrid y Salinas aplastó al primero y colocó al
segundo como el viable. El último líder sindical proletario, Rafael
Galván, fue liquidado políticamente por el gobierno de López Portillo.
Desde entonces y sobre todo a partir de 1981, el sindicalismo
gubernamental de la CTM avaló la política antiobrerista de los últimos
gobiernos del PRI.
6.- Aunque el PRD tomó el registro del Partido Comunista Mexicano en
1989 y con ello el compromiso obrero de una organización socialista, al
final los priístas de la Corriente Democrática abandonaron los enfoques
comunistas para retomar los criterios del cardenismo que organizó
corporativamente a los sindicatos para equilibrar la presión patronal.
Cuando Salinas separó al Estado de las corporaciones, los sindicatos se
refugiaron en el PRD de ex priístas.
7.- La ley federal del trabajo moderna fue diseñada por los gobiernos
antiobreristas de López Mateos y Díaz Ordaz y aprobada en 1970, pero el
gobierno de Luis Echeverría (1971-1977) la utilizó con enfoques
populistas para convertir a los sindicatos en el brazo político y
proletario del PRI. Esta ley se basó en el criterio proletario de la
redacción del artículo 123 Constitucional de 1917. El espíritu
sindicalista del gobierno duró hasta el periodo 1989-1993, cuando
Salinas abandonó los compromisos del Estado con los trabajadores en
función de tres criterios: el fin del concepto de Revolución Mexicana en
los documentos del PRI, el golpe autoritario contra el sindicato
petrolero y el sindicato magisterial y el tratado de comercio libre que
globalizó la economía y tuvo que diluir el concepto tutelar del Estado
sobre los derechos y bienestar de los trabajadores.
Al final, estos puntos revelan que ya se agotó el modelo de relación
Estado-trabajadores que definió el proyecto político de la Revolución
Mexicana y el PRI y que este modelo implicó la triple explotación de los
obreros por parte del Gobierno, los líderes sindicales y los
empresarios.
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