De Zocalo Saltillo
Indicador Político
Nacida en 1980 en Oaxaca y Chiapas, la Coordinadora es una organización
autónoma, con vida propia y beneficiaria de sus propias negociaciones
con los gobiernos estatales. La descentralización educativa de Salinas
de Gortari de 1992 mantuvo la federalización del sindicato, sin duda el
principal problema con el magisterio. Pero el SNTE, para evitar la
fractura, cedió autonomía de algunas secciones y éstas operan como
organismos antisistémicos.
Entregadas a sus dirigencias para sus propias negociaciones, las
secciones disidentes del magisterio crearon verdaderos imperios
autonomistas. El caso más avanzado es Oaxaca: el gobernador priísta
Heladio Ramírez López firmó en 1992 un acuerdo con la sección sindical
para reforzar la separación del gabinete de la Secretaría de Educación
Pública estatal y la creación de un instituto, lo que provocó que la
estructura de administración de la educación perdiera la fuerza de su
centralización política y administrativa.
Pero lo más grave fue la firma de un compromiso del gobierno estatal
--no sólo el de Ramírez López, sino todos los posteriores-- para ceder
posiciones del Instituto de Educación Pública a líderes de la Sección
XXII de maestros, “así como la obligación de no excluirles (a los
miembros de la Sección XXII) en cualquier asunto de carácter educativo”.
La superposición de fidelidades --los maestros como mentores pero
también como funcionarios del área educativa-- se convirtió en el foco
de conflicto.
Con tal de tranquilizar a la XXII, el gobierno estatal como titular de
las relaciones laborales le cedió a la sección sindical la capacidad de
decidir el rumbo de la educación, el problema que tiene acogotado al
gobierno estatal ante la beligerancia de los líderes sindicales: el
compromiso de 1992 dividió la toma de decisiones en materia educativa:
“las bases” sindicales de la XXII pueden influir en los “aspectos
laborales, profesionales, social y técnico” de la educación. Es decir,
el gobierno estatal entregó la educación a la sección XXII.
Peor aún, por ese acuerdo del gobernador Ramírez López con la dirigencia
de la XXII el gobierno estatal se comprometió a someter el nombramiento
del director del IEEPO a la Sección XXII y a tomar en cuenta “la
selección y nombramiento futuro de funcionarios del instituto como
resultado de las propuestas de la representación sindical sean
respetadas en la forma y términos acordados con antelación”. Y más: se
aprobarían propuestas de la Sección “aun cuando cambie la estructura
orgánica del instituto”. El sistema político cedía sus hilos de control
social en materia educativa.
El problema con el SNTE es político y de evaluación de profesores,
además de la estructura de tráfico de plazas que, por cierto, se
reproduce en todos los grandes sindicatos de empresas públicas, como los
de Pemex, la CFE y otros. Pero la parte más grave y violenta de la
relación del Estado nacional con los maestros ocurre en los estados de
la república donde las secciones sindicales disidentes llevan a una
doble revisión laboral: la que implica la titularidad del contrato de
trabajo de la SEP con el SNTE y luego la segunda entre la sección
sindical con el gobierno estatal.
En Oaxaca existe la sección sindical más agresiva, pero ya no en defensa
de la educación pública o del nivel de vida de los profesores sino en
función de la imposición de lineamientos a la educación pública; el
gobernador aliancista Gabino Cué, que paradójicamente llegó al poder con
el apoyo de la XXII de maestros, es un rehén de la sección sindical que
le impone condicionamientos a la educación pública, paraliza
actividades en detrimento de la educación de los niños y estrangula la
ciudad y las carreteras federales para exigir sometimiento… y
privilegios. De hecho, la XXII de Oaxaca es la que establece la política
de educación pública. Ante la evaluación exigida por la SEP hace un par
de meses, la XXII obligó al gobernador a no realizarla e impuso sus
propias condiciones.
En la CNTE se localiza la peor parte de la pérdida de autoridad del
Estado --en sus niveles local y federal-- sobre la educación pública. Y
ahí el problema no es de evaluación sino de relaciones de poder: la XXII
provocó una crisis de gobernabilidad en el 2006 que incendió la capital
de Oaxaca ante la demanda magisterial instaurar un gobierno popular,
autogestionario y comunal con el pretexto educativo.
De ahí que la parte más dura de la respuesta magisterial contra la
reforma educativa del presidente Peña Nieto avalada por el PAN, el PRD y
el PRI no va a venir del SNTE de la maestra Gordillo --al final de
cuentas, la política es una cámara de descompresión--, sino de la CNTE
de maestros disidentes porque la reforma va a regresarle al Estado la
capacidad de decisión en política educativa, obligará a los maestros a
dar clases y no a realizar marchas, partos y conflictos y tendrá que
imponer castigos laborales. La reforma educativa tendría el objetivo de
reimplantar el papel del Estado en la conducción de la educación
pública.
El poder político de la CNTE abarca los estados de Oaxaca, Guerrero,
Chiapas, Michoacán y parte del Estado de México. De ahí vendrán las
marchas, las protestas, los paros y la violencia política, con el
agregado de que a la CNTE se han sumado el SME, el YoSoy132 y otras
organizaciones antisistémicas que van a convertir las calles en campos
de batalla.
La reconquista de la hegemonía del Estado en la educación se verá en
Oaxaca, donde la reforma educativa deberá regresar a los maestros a las
aulas a enseñar y alejarlos de las marchas y plantones. Por eso fue
importante el apoyo del PRD a la iniciativa de Peña Nieto, porque los
maestros disidentes ya no contarán con la alianza-complicidad
perredista.
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