De Pulso Político
febrero 15, 2013
Francisco Cárdenas Cruz
La formación de más grupos de autodefensa y “policías
comunitarias” en el territorio nacional, ante la incapacidad de los
gobiernos federal y estatales de garantizar la seguridad de sus
habitantes, empieza a generar preocupación y alarma porque además de ser
ilegal, tiende a generalizarse y a actuar por todas partes, armados y
con los rostros cubiertos, con el riesgo de ser infiltrados por sicarios
de los cárteles de la droga, cuyas consecuencias serían impredecibles
pero imaginables....
César Camacho Quiroz
Esa situación llevó al presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, a advertir que la decisión de grupos y organizaciones civiles de recurrir a la autodefensa contra el crimen organizado, “es un urgente y descomunal llamado de atención al gobierno, que no ha sido capaz de garantizar la seguridad pública y por eso la gente, en términos generales, trata de hacerse justicia por su propia mano (lo que) pone en aprietos a las autoridades, las cuales deben redoblar esfuerzos porque la única instancia que tiene permitido el uso legítimo de la fuerza, es la autoridad, el gobierno”.
Al señalar que eso exige que las autoridades actúen con rapidez y eficiencia para poder restablecer el orden, el dirigente del partido en el gobierno coincidió con la declaración hecha por Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, en el marco de la presentación del Programa Nacional de Prevención del Delito por el presidente Enrique Peña Nieto, de que “aún estamos a tiempo de recuperar la paz social en nuestro país, pues hay comunidades en donde la situación es muy apremiante”.
Las reuniones y aval que algunos gobernadores y funcionarios del gobierno federal le han venido dando a quienes encabezan los grupos de autodefensa o “policías comunitarias” y el ofrecimiento de que serán reconocidos y regularizados, ha merecido severas críticas de juristas porque con ello están delegándoles la obligación de garantizar la seguridad pública de quienes viven en este país.
Fausto Vallejo
Sin embargo, en el caso de los grupos de autodefensa que se crearon en La Montaña y la Costa Chica de Guerrero, sus integrantes han detenido, juzgado y condenado a decenas de personas a las que arrestaron por su cuenta, algunas de las cuales fueron liberadas a instancias del gobernador aliancista de ese estado, Angel Heladio Aguirre, y del propio secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, luego de reuniones que ambos sostuvieron con los dirigentes de aquellos en el palacio de Covián.
A partir de esos encuentros y los ofrecimientos de que esos grupos serán “reconocidos” y “regularizados”, en diversos estados comenzaron a crearse otros, arguyendo que de esa manera y ante la ausencia de los cuerpos policíacos para enfrentar a quienes extorsionan, secuestran y ejecutan y consideran que pertenecen al crimen organizado y al narcotráfico, para defenderse. Armados y con los rostros cubiertos, instalan retenes, revisan todo tipo de vehículos y en algunos casos detienen a sus ocupantes si consideran que son delincuentes, a los que juzgan e imponen penas, como si fueran autoridades judiciales.
En el municipio guerrerense de Tuxtla, en donde en las comunidades de Atliaca y Acatempan, el mes pasado, sus habitantes “se levantaron en armas”, se formaron más “policías comunitarias”, ejemplo que como ya es sabido ha continuado en Oaxaca, Michoacán, Jalisco y el estado de México y que amenaza llegar a algunas de las delegaciones políticas más conflictivas del Distrito Federal.
La aparición de ese tipo de grupos armados y con los rostros ocultos se ha venido registrando en la capital de la República en conflictos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades, sin que las autoridades capitalinas intente siquiera evitarlo, lo que es un funesto precedente de lo que puede suceder.
De esto y de aquello…
La única gubernatura que estará en disputa en este año electoral, la de Baja California, que el PRI pretende recuperar tras 24 años de estar en manos del PAN, ha empezado a convertirse en un dolor de cabeza no sólo en la sede tricolor sino también, y mucho, en Los Pinos… Y es que igual que ocurrió el 1 de diciembre con el regreso priísta a la residencia oficial, luego de 12 años de mando panista, había la certeza de que lo mismo sucederá en el palacio de gobierno de Mexicali… Sin embargo, el apresuramiento en decidir anticipadamente, por la misma vía de siempre, el “dedazo”, de que el hoy diputado con licencia, Fernando Castro Trenti, fuera el ungido, las cosas empezaron a dificultarse… Faltó “planchar” esa decisión, como le han dado en llamar a la negociación previa para que no hubiera sobresaltos y las consecuencias están hoy a la vista, ante la anunciada decisión de Jorge Hank Rhon de inscribirse para contender en la elección interna… Quienes debieron, no hicieron la tarea y hoy el conflicto interno en la entidad fronteriza se agudiza y trastorna lo que parecía una elección fácil para que el priísmo vuelva a gobernar Baja California… Lo peor, sin embargo, es que se optó por un candidato perdedor, como lo fue Castro Trenti, quien cuando contendió por una diputación federal y la senaduría, por la vía de la mayoría, fue derrotado… Además de la gubernatura, en Baja California se elegirán en julio próximo, diputados locales y presidentes municipales, igual que en otras 13 entidades: en la mitad de ellas, el PRI enfrentará una alianza PAN-PRD que puede arrebatarle las que hoy tiene en su poder… Fausto Vallejo, gobernador priísta de Michoacán, logró lo que muchos de sus adversarios no esperaban: llegar a rendir su primer informe de labores, tras sortear los hechos de violencia vinculados al crimen organizado y al narcotráfico y los bloqueos, marchas, paros y huelgas de maestros y estudiantes…
Emilio Lozoya
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