De Índice Político
Estado de los ESTADOS
• Cloaca gubernamental• Del “moreirazo” al “godoyazo”
• Rubén cubre a Humberto Moreira
• SCJN y Congreso local, cómplices
• Duplica Deschamps el “Pemexgate”
• Los Granier: brutal enriquecimiento
• Denuncia FV quebrantos de Godoy
• Apócrifos, los permisos para casinos
• La autodefensa, peligrosa: PRD y PRI
Febrero 14, 2013.- La credibilidad del nuevo gobierno pasa por la
eliminación de la impunidad de la que disfrutan ampliamente
representantes de la clase política que han saqueado las arcas públicas
de los gobiernos federal, estatales y municipales, a pesar de las
pruebas presentadas ante el poder judicial, que son desestimadas en
actitudes francamente de complicidad con el Poder Ejecutivo. La
aplicación de la justicia a funcionarios federales, gobernadores o
presidentes municipales que se sirvieron con la cuchara grande y se
enriquecieron a niveles inverosímiles es una asignatura pendiente hoy, a
pesar de la alternancia en el poder presidencial, primero del PRI al
PAN y luego del PAN otra vez al PRI. El esquema se repite también en los
gobiernos estatales y municipales, en donde la misma corrupción corroe
los presupuestos y endeuda a los nuevos gobiernos aún antes de iniciar
sus gestiones.
El caso del ex dirigente nacional del PRI y ex gobernador de
Coahuila, Humberto Moreira, es uno de los más emblemáticos del uso del
poder político para el enriquecimiento ilegal de una familia, sin que
las autoridades judiciales realicen acciones efectivas no sólo para
restituir el daño ocasionado por la depredación de las arcas públicas
estatales al amparo del poder político, sino para castigar a los
responsables de la desviación de recursos públicos multimillonarios a
cuentas particulares, a pesar de que se cuenten con todos los elementos
legales probatorios para tal efecto, lo que muestra el grado de
complicidad que existe entre magistrados y políticos. El caso de la
deuda de Coahuila, según las denuncias presentadas ante la Procuraduría
General de la República, es sin duda alguna uno de los ejemplos más
claros de la corrupción política en el país, pues está paso de 8 mil 267
millones en 2011 a 36 mil 509 millones en 2012, lo que representó un
aumento del 342 por ciento, sin que se tenga certeza de dónde están esos
recursos, aunque se ha obligado a los coahuilenses a pagarlos.
Este mes, la depredación de los recursos públicos de Coahuila
realizada por la familia Moreira, alcanzó niveles de escándalo a nivel
internacional, luego de que el gobierno de los Estados Unidos reveló que
confiscó de una cuenta bancaria 2 millones 275 mil 544 dólares con 41
centavos, en el Sun Secured Advantage and N. T. Buetterfield and Son
Limited, en Las Bermudas, a Héctor Javier Villarreal Hernández, titular
del Servicio de Administración Tributaria, durante el gobierno de
Humberto Moreira. A diferencia de las autoridades mexicanas que han
persistido en su actitud de no dejar avanzar y mucho menos dar a conocer
a la opinión pública las investigaciones en torno a la desviación de
recursos del erario público por parte de gobernadores y funcionarios
federales, la Corte Federal de Corpus Christi, Texas, reveló que los
fondos de esa cuenta bancaria están vinculados con “lavado de dinero,
corrupción de funcionarios públicos, robo y uso del erario público para
el enriquecimiento personal”.
El fiscal Kenneth Magdison explicó la forma de operar de ese corrupto
funcionario: Villarreal Hernández sacaba el dinero de las arcas
públicas del estado de Coahuila y, primero, los depositaba en una cuenta
bancaria de Brownsville, Texas, y posteriormente lo transfería a la
cuenta en Las Bermudas. Destaca que en el gobierno de Moreira, entre
julio de 2010 y marzo de 2011, Villarreal realizó tres préstamos
fraudulentos en dos bancos mexicanos por 246 millones de dólares.
Además, estima que desde abril de 2009 hasta marzo de 2011, a través de
créditos y contratos fraudulentos, recibieron más de 35 millones de
dólares por medio de transacciones internacionales y que,
subsecuentemente, con los fondos adquirieron varias propiedades en
ciudades texanas de San Antonio, Brownsville e Isla del Padre.
Villarreal lavó el dinero que obtuvo ilícitamente de las arcas de
Coahuila con la ayuda de varios miembros de su familia, incluida su
esposa, María Teresa Botello, y su amante, Altagracia Daniela Rodríguez
García. A pesar de que en octubre de 2011, fue detenido Villarreal en
Texas acusado de uso de documentos falsos y fraude, quedó libre tras
pagar una fianza de 10 millones de pesos y luego se fugó.
Por lo que toca al papel que ha jugado el poder legislativo federal
en este escándalo político, se ha limitado a declaraciones de senadores
del PAN, PRD y hasta del PRI demandando al gobierno de Enrique Peña
Nieto continuar con las investigaciones del llamado “Moreirazo” y
castigar a los responsables para evitar que el caso quede en la
impunidad, como ha sucedido hasta el momento. El panista Ernesto Cordero
recordó que las denuncias penales ya se interpusieron desde hace un par
de años, desde que era titular de la Secretaría de Hacienda, pero el
gobierno de Felipe Calderón no llevo a cabo las indagatorias o
simplemente las congelo. Ahora el legislador pide que se siga
investigando y se castigue a los responsables. También el coordinador
del PRD en el Senado, Luis Miguel Barbosa, demandó al gobierno de
Enrique Peña Nieto evitar el doble discurso y cumplir con los
planteamientos que ha hecho en materia de trasparencia e impartición de
justicia.
La pelota está en la cancha del gobierno de Enrique Peña Nieto, y los
responsables están a la vista. Documentos del Juzgado 16 de Distrito en
Materia Penal, con sede en la ciudad de México, constatan que la
contratación de créditos para Coahuila con documentación falsa la
realizó directamente Miguel Ramón Rodríguez Flores, tesorero de la
entidad, y la autorizó Héctor Javier Villarreal Hernández, ex titular
del Servicio de Administración Tributaria del Estado (Satec), con el
argumento de que los recursos se aplicarían a obras públicas y programas
de inversión, lo cual no sucedió.
El brazo de la justicia federal se ha revelado muy corto en este
caso, pues a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR)
presentó a ese juzgado la averiguación previa UEIDFF/FINMI17/2011 y la
acumulada UEIDFF/FINM13/429/2011, a través de las cuales se ejerció
acción penal contra Jaime René Jiménez Flores, director de deuda, y
Jorge López Alarcón, jefe de departamento, quienes laboraban en la
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, de la Secretaría de
Hacienda, como responsables de utilizar ilegalmente sellos y falsificar
documentos para que el gobierno de Coahuila obtuviera créditos por mil
millones de pesos, no se ha ejercido acción penal contra ningún “pez
gordo”. En el acto de formal prisión que se dictó a esos dos ex
funcionarios también se libraron órdenes de aprehensión contra cinco ex
servidores públicos de Coahuila, entre ellos Héctor Villarreal
Hernández, quien ahora está siendo investigado también por autoridades
de Estados Unidos por lavado de dinero.
El papel de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) en este caso ha sido lamentable. Los togados desecharon
diez amparos solicitados por empresarios de Coahuila para invalidar el
decreto del Congreso estatal que autorizó –con un papel lamentable
también de los legisladores locales que raya en la complicidad – cubrir
el pago de más de 33 mil millones de pesos de deuda heredada por la
administración del ex gobernador Humberto Moreira. Los magistrados de la
Segunda Sala de la SCJN desecharon las demandas como notoriamente
improcedentes, con el argumento de que los representantes legales de los
quejosos no hicieron valer el interés legitimo para promover los
juicios. Los togados también consideraron que la resolución del caso
podía impactar los actos de gobierno relacionados con la deuda pública y
la contratación de empréstitos y, con ello, el bienestar, así como la
estabilidad social.
También se ha evidenciado, como es lógico, una gran complicidad en el
gobierno de Rubén Moreira, en el caso del magno endeudamiento que dejó
su hermano. En el caso que revelaron las autoridades estadounidenses,
descrito líneas arriba, el actual gobierno de Coahuila, que encabeza
Rubén Moreira, negó que los recursos incautados a Javier Villarreal
Hernández, provengan de los créditos bancarios obtenidos durante la
administración estatal de Humberto Moreira. Sostuvo que los 2.2 millones
de dólares que se encontraban depositados en la cuenta de un banco de
las islas Bermudas “no son recursos derivados del erario estatal”. A
través de un comunicado, sostiene que ”los recursos provenientes de los
créditos obtenidos por el Gobierno del Estado con el sistema financiero
fueron ingresados en su totalidad a las propias cuentas del Gobierno,
asimismo, no existen faltantes que presuman irregularidades”.
Sin embargo, otro punto a destacar del cual el gobierno de Rubén
Moreira no ha dado explicaciones satisfactorias para los coahuilenses,
es el hecho de que a dos años de que Humberto Moreira dejo la
gubernatura, el legado de obras inconclusas permanece en la entidad y
algunas ya fueron olvidadas por la actual administración. Ejemplos
sobran: la Infoteca de Piedras Negras no está operando; están a medias
el Museo de la Frontera Norte, el Hospital General de Piedras Negras y
el Museo del Niño. No ha concluido la construcción del parque La
Chimenea en Nueva Rosita; en Torreón, están inconclusas la Presidencia
Municipal, el Hospital General y el sistema vial Alianza. En Saltillo,
no han terminado el Museo de los Saraperos y la Charrería, como tampoco
han finalizado el edificio que albergaría los juzgados para juicios
orales. La explicación de esta situación de acuerdo con el gobierno de
Rubén Moreira es que a muchas de las obras inconclusas se les tuvieron
que hacer reingenierías, con nuevos contratos, por supuesto, para que
puedan ser terminadas.
Un aspecto más que tampoco ha podido resolver el gobierno de Rubén
Moreira se refiere a la ola de violencia que azota la entidad. Los
asesinatos y ejecuciones, con desmembrados y descabezados incluidos, en
las principales ciudades de Coahuila, Saltillo, Torreón, Piedras Negras,
son cosa de todos los días y las autoridades estatales ya ni siquiera
se molestan en investigarlas, bajo el argumento de que son víctimas del
crimen organizado y de las luchas entre los cárteles de la droga que se
disputan las principales plazas de la entidad.
A lo anterior habría que agregarle la indefensión en que se
encuentran los medios de comunicación y los periodistas coahuilenses
ante la negligencia de las autoridades estatales para investigar los
ataques a éstos, lo que los ha llevado a ejercer la autocensura para
garantizar la seguridad de sus colaboradores. El más reciente es el
secuestro de cinco empleados del Siglo de Torreón, que ni siquiera eran
periodistas, y quienes fueron privados de su libertad en diferentes
lugares. Todas estas agresiones a la prensa están en completa impunidad.
Esto llevo a la organización Concertación Mexicana a advertir que de
mantenerse esta situación y no asegurarse el irrestricto respeto al
derecho a informar y ser informado, la sociedad entera corre el riesgo
de que el secretismo y la opacidad cancelen la transparencia y el debate
público abierto que son base irrenunciable de la democracia.
Como antecedente inmediato hay que resaltar que el sexenio de Felipe
Calderón fue uno de los más violentos para la prensa que jamás se hayan
registrado en el mundo, de acuerdo al reporte “Ataques a la prensa en
2012”, del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus
siglas en inglés), dado a conocer en Nueva York. En el sexenio del
panista, hubo “un aumento sin precedentes en el número de periodistas
asesinados y encarcelados en el último año”, además de que predominó una
“legislación restrictiva y censura estatal” que puso en riesgo al
periodismo independiente.
GOBIERNOS CONVERTIDOS EN CLOACAS
Casos como el “moreirazo” se repiten en toda la geografía nacional y
la impunidad los cobija. Sólo para referirnos a los más recientes hay
que señalar el “granierazo” del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier
Melo, cuyo enriquecimiento reciente lo han exhibido precisamente sus
propios hijos Mariana y Fabián Granier Calles. El nivel de corrupción
que se alcanzó en esa administración puede vislumbrarse con el hecho de
que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó congelar
las cuentas de Mariana Granier Calles, a quien se le localizaron 3 mil
millones de pesos. En tanto, a su hijo Fabián se le han identificado
propiedades hasta por más de 50 millones de dólares. La administración
de Arturo Núñez ha informado sobre el saqueo descomunal a las arcas del
gobierno de su antecesor que dejó una deuda por más de 10 mil millones
de pesos.
Otros casos en los que los colores partidistas son lo de menos son
los del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, a quien un juez
federal ordenó su captura acusado de vínculos con el crimen organizado.
También los del ex gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy. El
actual mandatario de esa entidad, Fausto Vallejo, anunció este jueves
las primeras siete denuncias penales por el quebranto financiero que le
heredo la pasada administración. El gobernador priísta explicó que al
recibir el gobierno en febrero de 2012, le dejaron deudas bancarias por
16 mil 316 millones de pesos y otros pasivos por 15 mil 574 millones
más. Ese quebrando, aseguró, pudo evitarse.
Y la añeja corrupción en el gobierno federal salió a flote una vez
más este jueves. La abogada Talía Vázquez Alatorre, reveló que peritos
de la Procuraduría General de la República (PGR) ya pudieron cotejar que
Juan Iván Peña Neder, ex coordinador de asesores del ex secretario de
Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Abraham González, tenía en su
domicilio particular un aparato de sellos de esa dependencia, los cuales
presuntamente fueron utilizados para expedir infinidad de permisos
apócrifos con los que se abrieron casas de juegos y sorteos en el país.
Los sellos, dijo, los encontraron desde el año 2011, pero la ex titular
de la PGR, Marisela Morales, nunca ordenó que se desahogara este
peritaje tan simple. Actualmente la PGR y la Secretaría de Gobernación
han agilizado investigaciones contra Roberto Correa Méndez, ex director
de Juegos y Sorteos, y Guillermo Santillán Ortega, ex director de la
Unidad de Enlace Federal, así como en contra de Juan Iván Peña Neder,
actualmente preso en el Penal Federal de Matamoros, Tamaulipas.
Otros casos de corrupción se refieren al manejo de paraestatales como
Pemex. Después del llamado “Pemexgate”, que llevó al IFE a multar al
PRI al detectar que el STPRM aportó 500 millones de pesos a la campaña
presidencial del priísta Francisco Labastida Ochoa, ahora salió a la luz
pública que Pemex prestó al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana (STPRM), que encabeza Carlos Romero Deschamps, 500
millones de pesos pagaderos en un plazo de 10 años, y sin intereses. De
acuerdo con el Convenio Administrativo Sindical 10614, los recursos
fueron entregados al sindicato el 8 de diciembre de 2011 “para la
construcción de viviendas”, a través de una transferencia electrónica.
Fue hasta un mes después cuando el sindicato y Pemex registraron el
convenio y no se sabe de la entrega del número de viviendas que podrían
construirse con esa suma.
DE LOS PASILLOS
El PRD alertó que en aquellas entidades donde la violencia “es atroz”
se corre el riesgo de que prolifere la creación de los llamados grupos
de autodefensa. Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del PRD,
consideró que Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Durango y Nuevo León,
podrían ser caldo de cultivo para que la gente “haga justicia por propia
mano”, por lo que demandó un cambio de rumbo en la estrategia de
seguridad implementada por el gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto.
También el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, aseguró
que la decisión de grupos y organizaciones civiles de recurrir a la
“autodefensa” en contra del crimen organizado, es un “urgente y
descomunal” llamado de atención al gobierno, por que, admitió, hasta
ahora ha sido incapaz de garantizar el primero de sus deberes públicos.
Mientras, frente a la ola de asaltos, extorsiones y robo de ganado,
habitantes de la comunidad El Durazno, municipio de Tixtla, Guerrero,
decidieron crear su propia policía comunitaria, incorporada a la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), mientras otras
cuatro más lo harán en los próximos días… Por otra parte, existen nueve
entidades que registran una tendencia creciente de homicidios de
mujeres: Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero,
Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Sonora… Lo invitamos a visitar nuestra
página www.liliaarellano.com en donde podrá escuchar los programas
radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620
de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos
peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se
transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital, canal 29 de
Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de
cable. Esperamos también sus comentarios en el correo
lilia_arellano@yahoo.com; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o
twitter: @Lilia_arellano1.
No hay comentarios:
Publicar un comentario