De el Diario Lealtad de Chihuaha
Ciudad de México.- La Secretaría de la
Función Pública (SFP) abrió siete investigaciones contra el que fuera el
súper delegado del Gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, quien
podría enfrentar cargos por cohecho, enriquecimiento oculto, conflicto
de interés y tráfico de influencias.
La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, informó que las
indagatorias, iniciadas desde el pasado 22 de mayo, podrían derivar en
sanciones de carácter administrativo, pero también penal.
Desde Palacio Nacional, la funcionaria aseguró que fue hasta el
pasado 8 de julio cuando la Secretaría informó a Gabriel García
Hernández, coordinador de los súper delegados de todo el País, que era
necesario tomar medidas preventivas ante los hallazgos localizados.
"La SFP tiene en curso no una, sino siete investigaciones que ya
arrojan indicios y datos de posibles conductas irregulares", dijo en
conferencia.
"Recibimos con beneplácito la carta de renuncia de Lomelí para llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias".
Sandoval detalló que, para realizar las indagatorias, se recabó
información de la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia
Financiera y hasta las contralorías de cinco estados de la República.
La funcionaria detalló que, tras las primeras pesquisas, se puede
determinar que "podrían actualizarse las conductas" para ser sancionadas
con base en los artículos 52, 58, 60 y 61 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
El artículo 52 establece que incurrirá en cohecho el servidor público
que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de
terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no
comprendido en su remuneración como servidor público, que podría
consistir en dinero, valores; bienes muebles o inmuebles.
"Incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que
se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás
beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos,
parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de
las que el servidor público o las personas antes referidas formen
parte", establece.
El artículo 58 refiere que incurre en actuación bajo conflicto de
interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo,
cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o
resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o
impedimento legal.
En el caso del artículo 60 se prevé que incurrirá en enriquecimiento
oculto u ocultamiento de conflicto de interés el servidor público que
falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de
situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar,
respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de
bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un conflicto
de interés.
De acuerdo con el artículo 61 de la Ley, cometerá tráfico de
influencias el servidor público que utilice la posición que su empleo,
cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público
efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para
generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí, sus familiares o
sus socios.
REFORMA publicó este lunes que la SFP investiga los vínculos de
Ramiro López Elizalde, actual director Médico del ISSSTE con la red de
empresas farmacéuticas que controla el ex súper delegado federal en
Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños.
López Elizalde es socio de la empresa "Instituto Internacional de
Prácticas de Microcirugía y Endoscopía", que a su vez tiene nexos con
"Corporativo Internacional Vigilando tu Salud".
En esta última compañía, que forma parte del complejo entramado que
tejió Lomelí en los últimos 13 años, el ex delegado figura como socio y
representante junto con su esposa.
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