Los desafíos del Presidente en las próximas elecciones.

Jorge Salazar García.

Tal vez denominar “madre de todas las elecciones” a la elección de 2021 sea desproporcionado y los más apropiado sea calificarla como la más grande y trascendente de la Historia política nacional. Cualitativamente hablando, puede considerársele determinante para el futuro del país, pues en dicha contienda se confrontarán las principales posturas políticas del país, actualmente polarizadas: liberal y conservadora. A la primera suele identificársele con la IZQUIERDA, a la otra con la DERECHA. La primera centra el quehacer público hacia el gasto social; la otra, lo orienta al mercado privilegiando al capital. Precisamente entre los representantes de ambas corrientes se repartirán ¡21,368 cargos!, (15 gubernaturas, 500 diputaciones federales y 1063 locales y 1926 ayuntamientos) y los miles de millones que el Estado les ha presupuestado.

Este proceso, por las carretadas de dinero y puestos involucrados, será una prueba extrema para los partidos y sus dirigentes. En razón de su profundo desprestigio ante la ciudadanía que los considera parásitos, vividores y ladrones esta en riesgo su existencia futura. Incluso, de aplicarse estrictamente la Ley, su registro debiera cancelarse por violarla sistemáticamente en los referente a promover la vida democrática y servir al interés público. Ni una ni otra cosa han hecho, al contrario son antidemocráticos y sólo les importa el interés privado ($$$).

Para el nuevo régimen las votaciones en ciernes son también un desafío debido a sus promesas de que nunca más México viviría elecciones sucias ni se volvería a solapar a funcionarios que utilicen el presupuesto y programas sociales clientelarmente. Seguramente muchos apoyan esos buenos propósitos, salvo aquellos que siguen controlando al INE y partidos o se han incrustado en MORENA para apoderarse de ella y que hoy, en lugar de luchar contra la corrupción, funciona democráticamente viviendo un aberrante divisionismo lleno de odios y ambiciones. Desde sus no operativas dirigencias y espurios liderazgos (in) “morales” atizan la lucha fratricida disminuyendo la probabilidad de ganar la mayoría legislativa federal y locales. En el partido que fuera esperanza de cambio se carece de vida orgánica, las decisiones se toman cupularmente, no transparentan finanzas, se “negocian” las candidaturas y, para acabarla, suma a sus filas los pillos combatidos en el pasado. Esperando, tal vez, que el Presidente, por haber sido su fundador, solape las porquerías y delitos que cometan durante este proceso electoral. No todo se pierde por completo, es loable ver a miles de militantes honestos buscando recuperar su espíritu original. Lamentablemente, frente a personajes financiados desde el poder público, pocas posibilidades tienen de revertir la ruta suicida elegida. Al abandonar sus principios de no mentir, no robar y NO TRAICIONAR su credibilidad se pierde. Sin pudor las sustituyó por la REELECCIÓN, imposición, simulación y la TRANSA con los cleptómanos del pasado, a pesar de las advertencias de AMLO y las denuncias de sus bases.

Las votaciones deben ser transparentes, legales y equitativas, antes, durante y después del proceso dice la Ley. Y es responsabilidad del TRIFE, INE y el Presidente garantizar que efectivamente así sea. AMLO sabe que de actuar parcialmente como el INE, lo único que se conseguirá es mayor inestabilidad política. Hoy por hoy, sin exagerar, de aplicarse estrictamente las leyes electorales ningún partido político saldría bien librado. Todos incumplen sus obligaciones legales.  MORENA incluida, violan sistemáticamente los Estatutos y sus programas políticos. Por lo pronto, el antes, ya es un chiquero. Y al menos que no sean juzgados aquellos funcionarios públicos que operan de facto suplantando las facultades de dirigentes y militantes, la legalidad seguirá en picada. 

Probablemente lo expresado aquí provoque rasgaduras de vestiduras o el desánimo. No son objetivos de estas líneas. El propósito es DESTACAR la importancia de RESPETAR la Constitución (Art. 35; F-I y II), la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Arts. 329 al 356) y el Código Penal Federal  (Art. 401 al 413). Actuando de manera libre e informada, los ciudadanos pueden inhibir conductas tipificadas como delitos. Por ejemplo, sabiendo que votar o permitir votar sin credencial, hacer proselitismo el día de la elección, presionar o inducir a los electores, recoger credenciales de votar, condicionar servicios, comprar o vender el voto y acarrear electores sanciona se sanciona con multa (art. 403 del Código Penal Federal) y prisión de 6 meses a 5 años . A quienes instalen, abran o cierren una casilla sin cumplir con la norma se les castigará con prisión de 1-6 años (artículo 405). De igual manera se impondrá de 1 a 9 años de cárcel (art. 406) a los servidores públicos que obliguen a los subordinados a votar en un sentido, condicionar el otorgamiento de obras, programas o servicios, destinar fondos, bienes o servicios al apoyo de un candidato o partido. 

Considerando que la mayoría de los protagonistas vienen del pasado oscuro neoliberal (90%) y quieren reelegirse, es fácil preveer viviremos una contienda sucia. La mafia está vivita y coleando, aún tiene poder para aplastar a quienes quieran oponerse a sus intereses y limpiar la vida pública de México.