De Pulso Político
enero 23, 2013
Francisco Cárdenas Cruz
Por más intentos que hacen los dirigentes y legisladores del PAN
para frenar las críticas a la gestión del ex presidente Felipe Calderón,
incluso hasta pretender hacer creer que hay una “campaña de golpeteo”
del PRI contra él y su partido, día a día y semana tras semana se ponen
al descubierto los errores habidos el sexenio pasado e incluso la forma
en que la Procuraduría General de la República fue convertida en ariete
para politizar la aplicación de la justicia y recurrir a los “testigos
protegidos” para arraigar y encarcelar a presuntos culpables de delitos
que no cometieron, sólo por enfermizas venganzas...
Tomás Ángeles Dauahare
Un caso más, de los muchos registrados durante el régimen calderonista, es el de la acción emprendida contra el ex subsecretario de la Defensa Nacional, el general Tomás Angeles Dauahare y varios militares del mismo rango, a los que en base a declaraciones de ese tipo de sujetos que los acusaron de tener supuesto vínculos con la delincuencia organizada, se les detuvo en mayo del año pasado, se les arraigó y encarceló después en el penal de alta seguridad de El Altiplano, sometidos a proceso penal, sin fundamento, ni pruebas de su culpabilidad.
Eso lo acaba de reconocer la PGR, ahora bajo la conducción de su nuevo titular, Jesús Murillo Karam, al retractarse de la acusación y consignación hecha por su antecesora en el cargo, Marisela Morales, al no haber logrado la confirmación de los cargos que se les hicieron, lo que de hecho les abre las puertas de prisión para recobrar una libertad de la que jamás hubieran sido privados.
La acción penal emprendida por la ex titular de la PGR, más por consigna presidencial que por contar con pruebas fehacientes, se basó en declaraciones de dos “testigos protegidos”, uno de nombre “Jennifer” que resultó ser Roberto López Nájera, abogado que lo fue de Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, y otro, “Mateo”, que fue Salvador Villarreal Barragán, “El Grande”, quien colaborara con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y fue capturado en Puebla, consignado al penal de Puente Grande, en Jalisco, del que el año pasado fue trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para que, con el ofrecimiento de que no sería extraditado a Estados Unidos, declarara en contra del general Angeles Dauahare, tras lo cual fue inmediatamente enviado a una prisión de ese país.
Jesús Murillo Karam
Y hombre que a las palabras suele unir los hechos, tras ser examinado el caso de los generales arraigados y presos, el titular de esa dependencia no tuvo más que reconocer ante el juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales que no se cuenta con ninguna prueba que confirme las declaraciones de los “testigos protegidos” que involucraron a los generales Angeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez y al teniente coronel retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández, con cárteles del narcotráfico, en las que su antecesora basó la petición de arraigo, encarcelamiento y proceso penal contra ellos, por lo que es inminente que todos ellos recuperen su libertad.
Esto vendrá a ser otro sonoro revés para el gobierno calderonista, peor que el “michoacanazo” que el ex Presidente le ordenara llevar a cabo a la que fuera titular de la PGR cuando se desempeñaba como titular de la entonces SIEDO que en las postrimerías del sexenio pasado se convirtió en SEIDO. Tras aquella irrupción de soldados, agentes federales y estatales, tanto en el palacio de Gobierno de Morelia como en los de varios municipios, de la que nunca fue informado el gobernador perredista de Michoacán en ese tiempo, Leonel Godoy, fueron detenidas 35 personas, entre funcionarios del estado, presidentes municipales y diputados locales del PRD y del PRI, acusados de tener vínculos con el narcotráfico, lo que no les fue comprobado y pese a lo cual fueron arraigados y encarcelados un año, luego del cual lograron recuperar su libertad.
Eso se acabó en la PGR de Murillo Karam -o al menos así parece- por lo que se espera que los generales presos desde mayo pasado, abandonen el penal de El Altiplano, de Almoloya, estado de México y el gobierno panista pasado vuelva a ser exhibido ante la opinión pública, nacional e internacional, a pesar de que dirigentes y legisladores del PAN inventen que hay una “campaña de golpeteo”, para que cesen las andanadas contra el ex Presidente.
De esto y de aquello…
Más allá del real o presunto “montaje” habido en la captura de los integrantes de la banda de secuestradores de Los Zodíaco entre los que figurara la francesa Florence Cassez, la posibilidad de que ésta, condenada primero a 90 años de prisión, cuya pena se redujo a 60, logre un amparo y pueda quedar libre, habrá de originar una ola de reacciones y seguramente festejos de quienes se dedican a cometer ese delito… Y es que independientemente de lo que proponga la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, en la resolución que hoy será discutida por el pleno del alto tribunal, quedó constancia de las declaraciones de algunas víctimas que la reconocieron como miembro de la banda que los privó de su libertad… Genaro García Luna, ex titular de la extinta SSP del gobierno federal, fue acusado de haber “repetido” el arresto de la francesa y de su novio Israel Vallarta y otros integrantes de Los Zodíaco para que fuera filmado por camarógrafos de noticiarios de televisión, como al parecer así ocurrió… Eso, sin embargo, no significa que la francesa sea inocente, sobre todo cuando fue identificada por algunas de sus víctimas de haber participado en los secuestros, por lo que hay expectación por saber cual será su suerte… Lo que quedará claro es el precedente de que de ahora en adelante, quienes formen parte de ese tipo de bandas, podrán seguirlo haciendo sin temor a ser capturados y encarcelados por muchos años… Seguramente las mayores reacciones de rechazo que habrá si la señora Cassez es dejada en libertad provendrá de decenas o centenares de familiares de quienes fueron secuestrados y asesinados, como los casos de Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí y Nelson Vargas, entre muchos otros… Cómo no va a exigir Elba Esther Gordillo que en la reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión y los de la mayoría de los estados, se suprima la palabra “permanencia”, si es la que le ha permitido eternizarse al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación… Ella se refirió, claro, a que ese carácter tenga la evaluación universal y conminó al titular de la SEP, Emilio Chuyaffet Chemor a que diga quién tenía la rectoría de la educación en México, como si ella, que tuvo a los antecesores del mexiquense bajo dominio, lo ignorara…
Elba Esther Gordillo
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