De Zócalo Saltillo
Indicador Político
Carlos Ramírez
Cuando la negociación de la iniciativa de reforma a las
telecomunicaciones entraba en la etapa decisiva, en los pasillos de Los
Pinos se hizo un registro significativo de hechos: En el noticiero
nocturno de Televisa, a lo largo de cuatro días consecutivos, se
mandaron algunos duros mensajes al Poder Ejecutivo....
En dos secciones de broma del Noticiero, un jueves y un viernes, por
primera vez se hizo mofa de alguna declaración del Presidente Peña
Nieto; y en sus espacios noticiosos y a pesar de algún acuerdo de corto
plazo para enfriar la información sobre seguridad, Televisa difundió
varios reportes para agrandar algunos casos de inseguridad y violencia
sin más ánimo que demostrar cierta ineficacia de los nuevos poderes
públicos.
En las oficinas del gobierno federal registraron esos hechos como parte
de la reacción de Televisa a la inminencia de la reforma en
telecomunicaciones y a sus objetivos de romper con la televisión como un
poder político casi autónomo y por encima de los poderes
constitucionales. El otro aviso de las televisoras privadas fue la
abstención de una quincena de diputados de la llamada telebancada que
buscó romper la mayoría priísta en la votación de la reforma de a la ley
de amparo para impedir la suspensión en conflictos con empresas
concesionarias de servicios públicos, sobre todo de las televisoras
privadas.
Las iniciativas reformistas del presidente Peña Nieto han tocado nervios
sensibles pero sobre todo han enviado una señal muy general porque
tuvieron otro destinatario: el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Algunas de las reformas de Peña tienen el objetivo de reformar las
reformas del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Salinas quiso refundar el modelo de desarrollo vía la disminución del
Estado y la nueva hegemonía del mercado --en la lógica del Consenso de
Washington de noviembre de 1989 y el tratado de comercio libre de
noviembre de 1993-- y para ello realizó las contrarreformas
constitucionales más agresivas que sacrificaron el papel del Estado,
ahora el proyecto de modernización del Presidente Peña Nieto se hace a
partir de la recuperación de la rectoría del Estado perdida en el
salinismo.
En los primeros cien días varias de las principales reformas del
Presidente Peña Nieto han buscado corregir el dominio político,
institucional y hegemónico de los nuevos poderes fácticos y del mercado
que se formaron en el salinismo, pero que paradójicamente las reformas
peñistas nacieron de la destrucción de esos otros poderes fácticos:
--En 1989 Salinas consolidó a Elba Esther Gordillo como jefa del SNTE.
--En 1990 Salinas privatizó Telmex y la empresa se entregó al empresario Carlos Slim Helú.
--En 1992 el salinista Azcárraga Milmo se declaró “soldado del PRI,
soldado del Presidente de la Pepública” por todo el apoyo de Salinas.
--En 1992 Salinas expulsó de los documentos básicos del PRI el concepto
de Revolución Mexicana y convirtió al partido en el Pronasol.
--En 1993 Salinas privatizó el Canal 13 y en el proceso apareció la figura de Raúl Salinas de Gortari.
En tres meses, el presidente Peña Nieto liquidó políticamente a
Gordillo, pactó con los partidos una reforma constitucional a las
telecomunicaciones para endurecer las concesiones y romper el dominio
televisivo de Televisa-TV Azteca y de paso quitarle dominio a Telmex y
realizó una asamblea nacional del PRI no sólo para acercarlo más al
proyecto del Presidente de la República sino para inyectarle vida
propia. El fondo de estas decisiones, a las que seguirán otras del mismo
calado, no es otro que recuperar la rectoría del Estado en el
desarrollo y la autoridad pública ante la hegemonía elitista de poderes
fácticos que se perdió con el modelo de desarrollo neoliberal y de
mercado del salinismo, seguido por el sexenio aún más estadofóbico de
Zedillo y el túnel oscuro en materia de economía, desarrollo y Estado de
los dos gobiernos panistas.
El gran debate de los tiempos actuales no debe hacerse en torno a las
viejas suspicacias de la metodología escurridiza a la que acostumbró el
PRI a la crítica, sino en función de la recuperación de la rectoría del
Estado que se perdió en 1982, con el arribo del grupo de los tecnócratas
salinistas al gobierno. Inclusive, la incorporación del concepto de
“rectoría del Estado” en el desarrollo al artículo 25 de la Constitución
el 3 de febrero de 1983 no fue para consolidar el papel del Estado sino
para debilitarlo. Salinas como secretario de Programación fue el
arquitecto de esa reforma pero años después, con las privatizaciones en
su sexenio, sacó al Estado del desarrollo, le entregó el poder al
mercado y prohijó los nuevos poderes fácticos de la modernización
neoliberal.
El alcance político de los poderes fácticos ha pasado, en experiencias
reciente, por la destrucción del Estado, de sus fuerzas sociales y
políticas y de la constitucionalización de la vida pública. No por menos
el creador del concepto de “poderes salvajes” --una versión de los
poderes fácticos-- es italiano, Luigi Ferrajoli, y llegó a esa
conceptualización al examinar críticamente el Estado berlusconiano que
destruyó las instituciones en “procesos de vaciamiento de la democracia
política”, según establece en su libro Poderes salvajes. La crisis de la
democracia constitucional.
Ferrajoli propone cuatro remedios contra la crisis que pareciera estarse
aplicando puntualmente en la reforma del Presidente Peña Nieto, con el
apoyo de los partidos de oposición: La representación proporcional, la
separación de poderes, la democracia interna de los partidos y la
reforma del sistema de información, aunque a costa de reformar a fondo
el proyecto salinista del periodo 1982-2000, sostenido acríticamente por
los dos sexenios panistas.
La reconfiguración y fortalecimiento del Estado explicaría el apoyo del
PRD, que como Partido Comunista Mexicano había planteado la expropiación
de Televisa, y el aval de un PAN priízado, pero la clave de su
viabilidad estará en un PRI que no se someta al presidencialismo sino
que recupere vida
propia.
carlosramirezh@hotmail.com
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